Gabriela, víctima de violencia por parte de su expareja, denunció en compañía de colectivos feministas, la omisión de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Convivencias Familiares (Cecofam), en donde su hija de tres años, fue abusada sexualmente por su padre.

Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General 4, activistas del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos y de la colectiva Juntas, en compañía de Gabriela, denunciaron que, desde el 2017, se han iniciado tres carpetas de investigación por sustracción de menores, daños dolosos, abuso sexual y amenazas en contra de su expareja, quien también ha emitido amenazas de muerte.

“Mi agresor nos quemó un auto de nuestra propiedad. Me apuntó con una pistola. Intentó sacarme de la carretera, mientras conducía un vehículo. Sustrajo a mis menores hijos en dos ocasiones (…) se presentaron las pruebas y suficientes y, mi expareja, le siguieron dando las convivencias en Cecofam”, denunció.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al iniciar las convivencias con sus hijos, en diferentes ocasiones, su hija de tres años manifestó infecciones genitales y, en el 2018, la niña denunció haber sido lastimada por su padre, por lo que ingresó una denuncia en su contra; sin embargo, esta fue archivada y no se ejerció ninguna acción penal.

“No se siguió ninguna investigación. Seguimos conviviendo con él durante casi seis meses. En el año 2019, mi hija me relató haber sido lastimada por su padre en sus genitales, por lo que nuevamente acudí a la Fiscalía”, dijo.

Asimismo, denunció que su expareja, laboró como perito en Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado del 2009 al 2015, por lo que, consideró, que se le ha infiltrado información de sus carpetas de investigación y ha existido tráfico de influencias que han favorecido al presunto agresor.

“Quiero que mis hijos menores y yo, vivamos una vida tranquila y libre de violencia. Mis hijos merecen una infancia sin violencia, sin ser continuamente violentados por las autoridades, al ser expuestos a convivir con su agresor”, puntualizó.

De acuerdo con la activista, Laura Santos, se iniciarán procedimientos en contra de los servidores públicos ante la Contraloría del Estado, además, aseguró que la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad (DDH), ya determinó responsabilidades hacia el Cecofam.

“Fue dentro de las convivencias que mantenían los menores hijos de Gaby con el agresor, fue que se realizó este abuso sexual. Fue al interior de las instalaciones”, recalcó la activista.

FISCALÍA GENERAL

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) dio a conocer, mediante un boletín de prensa, que una vez que se tuvo conocimiento del caso, se dictaron medidas de protección y consistentes en vigilancia permanente; además de que, argumentaron, se realizaron las investigaciones pertinentes y conforme a los protocolos.

Asimismo, aseveró que, desde el 2016, el imputado como presunto agresor de la menor, dejó de formar parte de esta institución, “sin que su entonces relación haya determinado la conducción de la carpeta de investigación”, argumentaron.

La FGE puntualizó que trabajan con apego a la legalidad y en seguimiento a los protocolos de investigación con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las víctimas.

“Por lo anterior y con el fin de constatar que las investigaciones sobre los hechos denunciados en la carpeta de investigación en mención, se audita por parte de la Contraloría, el trabajo de las servidoras públicas que intervinieron”, añadieron.