La Contraloría General del estado de Querétaro ya interpuso 414 denuncias contra igual número de servidores públicos que omitieron hacer su declaración patrimonial, informó Óscar García González, titular de la dependencia.
“Querétaro se vuelve a posicionar como punta de lanza en la presentación de la declaración patrimonial y con esto somos el estado con mayor transparencia. Tuvimos un cumplimiento sobre 70 mil personas obligadas, y solamente 414 personas no la entregaron; esto es que cumplió el 99.85 por ciento a nivel estatal”, expresó el funcionario.
Agregó que en ese sentido cumplieron los poderes, los municipios y los organismos autónomos, salvo que quienes no la entregaron pertenecen a 6 ayuntamientos de distintas zonas del estado.
“Los empleados ya están denunciados ante sus respectivos municipios, para efecto de que las propias contralorías municipales les inicien el procedimiento disciplinario correspondiente, y en su momento si no logran justificar el motivo por el cual no la presentaron, sean sancionados”, explicó Óscar García González.
Aclaró que en este caso se trata de puras personas que realizan labor operativa, y que le toca al órgano interno de control municipal aplicar la sanción. En ese sentido, dijo que en 2023 se tuvo un padrón de 66 mil personas, y ahora alrededor de 70 mil.
García González dijo que el año pasado se tuvo un cumplimiento del 99.6 por ciento, y ahora en 99.85, por lo que se mejoró la efectividad a pesar de que ahora es un padrón más grande. Indicó que por ahora lo que se hizo fue recibir las declaraciones patrimoniales, por lo que de manera reciente se presentaron las denuncias en contra de los omisos.
“De manera aleatoria la Contraloría del estado como los órganos internos de control iniciarán un proceso aleatorio de verificar algunas declaraciones para verificar que no haya errores de llenado, o en su caso, que pudiera darse una anomalía en el ámbito patrimonial”, comentó.
Con respecto a las sanciones para las personas que omitieron entregar la declaración, el contralor refirió que esto puede ser ya sea desde una amonestación, suspensión de 30 días, destitución o inhabilitación hasta por un año.
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Añadió que, de los 18 municipios de la entidad, 12 cumplieron en su totalidad con esta obligación, no así en seis que es en donde laboran las 414 personas que pueden estar sujetas a una sanción como las antes mencionadas.
El funcionario aseguró que, en el Gobierno del estado, tanto en su sector central como en las entidades paraestatales al cien por ciento.
