El Comité para la Activación de la Alerta de Violencia de Género denunció un incumplimiento estatal en la obligación de tener espacios dignos y suficientes para la atención y protección a las víctimas de violencia, además que no hay especialización por parte de las asesoras jurídicas asignadas para estos casos y la atención emocional o psicológica se da dos meses después.

La activista Consolación González Loyola Pérez lamentó que no hay profesionalización en las siete asesoras jurídicas que se tienen para atender a las víctimas en el área metropolitana, además que el sitio donde se lleva a cabo esta atención es inadecuado y no se garantiza el apoyo a los hijos de las víctimas, a pesar de que en el 40 por ciento de los casos el victimario era pareja de la mujer y había hijos entre ambos.

El sitio de atención a las víctimas de feminicidios se ubica en las instalaciones de la fiscalía número cuatro, donde sólo hay una oficina con tres escritorios, “por lo tanto las asesoras jurídicas que atienden a las víctimas no cuentan con un espacio adecuado y con la privacidad que se requiere”.

“Cuando las víctimas se entrevistan con su asesora son escuchadas por las otras víctimas y ellas también escuchan los casos de las otras víctimas, lo cual es totalmente inadecuado y se rompe con el principio de privacidad que se requiere, sobre todo cuando se trata de delito de alto impacto como el feminicidio o con delitos relacionados con la libertad e inexperiencia sexual”, abundó.

También se carece de atención emocional y psicológica, ya que se remite a las víctimas al Centro Comunitario de Salud Mental (Cecosam), donde se les da la primera cita hasta dos meses después, lo que va en contra de las recomendaciones para el apoyo terapéutico.

“Tienen una agenda llena y están programando citas con una diferencia de dos meses y una vez que comienza el tratamiento hay un distanciamiento, entre una cita y otra, de más de un mes, lo cual no auxilia para la recuperación, consideramos que el gobierno del estado está incumplimiento con sus obligaciones de atender a las víctimas”, insistió Consolación González.

Advirtió que en el 40 por ciento de los casos, el victimario era pareja de la víctima y existían hijos entre ambos, por lo que “después del acontecimiento estos niños se quedan en el desamparo, porque pierden a sus madres, pero el padre es recluido o huye para no ser detenido y estos niños quedan a la deriva, la responsabilidad de su manutención recae en los familiares más cercanos, que son los abuelos, tías y tíos de las víctimas”.

Las demandas de solucionar estos problemas se presentaron a las autoridades locales, como parte de los compromisos que asumió el gobierno del estado con las instancias nacionales.

Para la activista es impensable seguir en estas condiciones porque no se reconocen los derechos de las víctimas y no se atienden los señalamientos nacionales en la materia.