Denunciarán por desacato a Herrera

Gilberto Herrera sigue en incumplimiento de los términos que el propio juez dictó

Anaid Mendoza

  · lunes 29 de julio de 2019

Pedimos que se cumpla con la resolución y si la autoridad responsable asumió el cargo deben conocer la Ley y hacerla cumplir: Beatriz Marmolejo Rojas. /Archivo

Si una autoridad no respeta la Ley o el mandato de un juez, qué podemos hacer los ciudadanos en el acceso a la justicia, denunció la diputada que encabeza la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la LIX Legislatura Beatriz Marmolejo Rojas.

En continuidad a la resolución que el juez del Poder Judicial de la Federación emitió a favor del amparo colectivo para 82 estancias infantiles, Marmolejo Rojas indicó que la negativa del coordinador de programas federales Gilberto Herrera Ruiz continua, que de seguir así pudiera iniciarse un proceso de desacato.

“En este momento se están emitiendo contestaciones ante el Poder Judicial, en cuanto concluyamos con esta parte, nosotros podremos interponer el recurso de desacato, porque ellos argumentan que, si están cumpliendo, pero la resolución fue clara y dijo que el recurso se tiene que dar a las estancias más no a los padres de familia y en ese sentido, eso no se ha cumplido”.

En ese sentido la diputada recordó que la suspensión provisional que dictó que juez ya lleva poco más de un mes y que desde entonces Gilberto Herrera quien es el que representa a la Secretaría de Bienestar en la entidad, sigue en incumplimiento de los términos que el propio juez dictó.

Sonia Rocha informó sobre este nuevo amparo/Cortesía

“Es importante recalcar que para lograr la suspensión definitiva es un proceso que nos puede llevar ocho meses o más, sin embargo, tenemos la suspensión provisional, pero esa tampoco se ha cumplido por parte de las autoridades que tienen representación federal en la entidad”.

Asimismo, la legisladora reconoció que México ha trascendido a nivel internacional por la medida provisional que se logra a través de los amparos, ya que es una medida de protección a los derechos de las personas y da garantía para que en tanto se resuelvan los procesos judiciales y así obtener una protección ante una posible violación de derechos.