Fiscalía General del Estado (FGEQ), USEBEQ y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario fueron las dependencias estatales más señaladas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) como responsables de violación a derechos humanos.
Durante el informe de actividades 2019 de la DDHQ, la presidenta del organismo autónomo, Roxana Ávalos Vázquez entre otros datos dio a conocer que las Secretarías de Seguridad Pública de los municipios (SSPM) de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Corregidora fueron de las que más se recibió queja; en suma 133.´
Ávalos Vázquez, indicó que durante el 2019 fueron 405 quejas las interpuestas por personas que consideraron fueron violados sus derechos humanos, de las cuales 115 se logró una conciliación o se resolvieron durante el trámite; 207 quejas se consideraron como no violación, se emitieron 9 recomendaciones y 33 acuerdos de responsabilidad.
Dentro de este rubro, cinco recomendaciones fueron emitidas para la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y cuatro para la FGEQ. Mientras que en dependencias municipales, cinco se dirigieron a la SSPM de Querétaro y cuatro para el municipio de Amealco de Bonfil.
Asimismo, la presidente comentó que la DDHQ tiene la responsabilidad de que en los asuntos que se considere la probable existencia de faltas administrativas o hechos posiblemente constitutivos de delito atribuibles a servidores públicos se dio inicio a un total de 90 procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes, para que a su vez determinaran la existencia o no de alguna responsabilidad.
Detalló Roxana Ávalos, que de estos procedimientos iniciados 36, lo que corresponde al 40% ya fueron concluidos y 54, es decir el 60% continúan en investigación. En ese sentido, la presidenta informó que las sanciones fueron amonestación verbal en 12 casos, amonestación escrita y destitución, cuatro en cada uno de ellos; suspensión e inhabilitación, dos correspondientemente y un arresto.
Finalmente la Ombudsperson indicó que el informe detallado fue entregado en Oficialía de Partes de la LIX Legislatura en 25 ejemplares (uno para cada legislador), como mandata el artículo 17 de la Ley de Derechos Humanos del estado.