Por lo menos 50 verificadores del INEGI y 20 supervisores fueron citados a las instalaciones de la dependencia federal y despedidos debido a la contingencia generada por el Covid-19, aunque advierten que se les adeuda el pago de una quincena, gastos de campo y la compra que cada uno hizo de gel antibacterial que les devolverían en efectivo.
Desde la semana pasada se les pidió que entregaran sus uniformes y equipo, el jueves por la tarde y noche se les informó que debían presentarse en las oficinas del INEGI para una reunión urgente, aunque la mayoría estaba consciente que los citaron para despedirlos anticipadamente.
"Somos verificadoras, somos parte de la segunda etapa del Censo de Población y Vivienda 2020 y nos hicieron venir para darnos un aviso de que ya había sido revocado nuestro contrato, tenemos gastos de campo que no nos han pagado y 200 pesos del gel antibacterial que compramos, nos dijeron que nos van a pagar hasta hoy", comento Gloria Montero, verificadora.
Señalaron que esta acción del INEGI es incongruente ya el mismo Presidente hizo el llamado a los empresarios a no despedir personal por la contingencia del Covid-19 pero a los trabajadores de diversas dependencias federales los están corriendo sin ninguna justificación.
Además agregaron que aunque su contrato como verificadores concluía el 17 de abril, no se les pagarán los 4 mil 600 pesos de esa quincena, además los jefes de grupo tenían otros dos meses de contrato que también fue rescindido.
“No nos dio la cara nadie y pues se supone que estamos trabajando, dando la cara por el instituto, nos mandan una carta con nuestros jefes y nos dicen que no habrá trabajo y se deslindaron”, comentó Adriana Peña, verificadora.
Explicaron que en esta de verificación el trabajo era de supervisores de verificación, las supervisora de área y equipo técnico, ya que los encuestadores terminaron el 31 de marzo.
“Vamos a organizarnos por equipo y vamos a ver qué podemos resolver sobre esto y buscaremos asesoría legal, vamos a ir primero a conciliación a ver qué podemos resolver por ese medio porque era un dinero que ya teníamos contemplado, incluso ayer nos preguntaron que quién tenía computadora e internet en su casa, pensamos que nos iban a mandar trabajo de oficina, no estamos peleando que nos paguen sin trabajar pero estamos peleando la revocación del contrato que es ilegal a estas alturas porque fue un decreto presidencial”, finalizó Gloria Montero.