Con posicionamientos sobre que la propiedad intelectual de los investigadores se debe conservar, que la ley vulnera la libertad de cátedra en las universidades y la innovación, que busca el centralismo y que debe permitirse la libertad, pero no el libertinaje, se llevó a cabo el foro “Perspectivas sobre las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación: la democratización y la gobernanza en la ley”.
En el foro, organizado en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en el que participaron académicos y legisladores locales y federales, Ignacio Loyola Vera, diputado federal de Acción Nacional (PAN), afirmó que buscarán frenar la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues aseveró que las cinco leyes que se han presentado en torno a este tema están “cargadas de un dardo venenoso contra libertad e innovación”, además de que refirió que se prevé una sexta iniciativa.
“Esta ley es inaceptable no se puede permitir que se siga ni siquiera discutiendo. Es una ley que ataca directamente los derechos humanos y los pisotea, totalmente”, expresó.
Juan Carlo Romero Hicks, diputado federal del PAN, aseveró que se requiere de financiamiento público y privado, así como convenios internacionales y estímulos para impulsar la ciencia y la tecnología en el país; además, consideró que la iniciativa de ley atenta contra la libertad económica y académica, y enfatizó la importancia de preservar la propiedad intelectual.
Además, recordó que el próximo miércoles 29 de marzo, a las 11:00 horas, se llevará a cabo el primer parlamento abierto con la temática sobre el derecho y beneficio de la ciencia.
Rubén Moreira Valdez, diputado federal del PRI, relató un acercamiento que tuvo con la directora Conacyt donde se dialogó sobre que la iniciativa se trata de una legislación soviética en la que se concentran las decisiones en el estado, con lo que se terminaría el federalismo.
En tanto, Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República por Morena, reconoció que el sistema científico de México no es exitoso, además de que el 97% de la tecnología es importada, por lo que consideró que debe replantearse la capacidad que se tiene en el país para alcanzar el desarrollo económico que han tenido en países asiáticos, como Japón.
El senador por Querétaro se pronunció a favor de la libertad de investigación, siempre y cuando esté basada en las necesidades del país y no en la vanidad de los investigadores en particular. Añadió que la investigación está para resolver necesidades y no curiosidades.
“Sí estoy a favor de la libertad, pero poniéndole límites, si no vamos a caer en libertinajes. ¿De qué sirve que un profesor trabaje una investigación en robots malabaristas si eso no le sirve al país? ¿De qué sirve la investigación si solo acaba en un artículo para la vanidad del profesor y no impacta en la sociedad?”, apuntó.
Andrea Tovar Saavedra, diputada local por Morena, coincidió en que la investigación debe tener un impacto social y consideró que México está preparado para ser generador de tecnología y no solo contar con mano de obra calificada.
Asimismo, Enrique Rabell García, director general de Concyteq, consideró que esta ley es inconstitucional y atenta contra la libertad de cátedra, violentando el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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“Es contrario a humanidades porque va en contra del artículo 3º Constitucional marca la frontera de manera clara entre la parte estatal y la parte de autonomía de las institucionales y la libertad de cátedra; una Ley que atenta contra la libertad de cátedra es inconstitucional, la Ley no puede pasar desde el punto de vista constitucional”, enfatizó.
Al cierre del foro, los legisladores se comprometieron a la realización del parlamento abierto, incluso de forma bicameral, así como a no votar el dictamen final sin antes presentar el documento a la comunidad académica y a revisar la conformación del presupuesto 2023 en materia de ciencia y tecnología.
