Hay más coincidencias que diferencias con los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo, que hoy se encuentran en litigio con el gobierno municipal, afirmó el secretario General de gobierno del Municipio de Querétaro, Agustín Luna Lugo.
Descartó que exista un ultimátum de los comerciantes desalojados; por el contrario, dijo, hemos tenido muchas mesas de diálogo y trabajo con la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto para sacar adelante este tema.
Señaló que la autoridad municipal ha encontrado una buena respuesta del dirigente de la Unidad, Pablo González Loyola, y él ha declarado que existe buena respuesta de la autoridad estatal y municipal.
“Él lo ha manifestado que también ha tenido buena respuesta de la autoridad municipal y estatal, entonces estamos encontrando más coincidencias que diferencias, y esperemos pronto darles a conocer si ya tenemos un acuerdo con ellos”, afirmó.
El secretario confió que este tema quedará concluido antes de que termine la actual administración, tras dos años del desalojo y que algunos comerciantes involucrados decidieran ampararse contra esta acción.
Puntualizó que hay coincidencias entre las peticiones que presentan los comerciantes y los ofrecimientos de la autoridad municipal, para reinstalarlos en otras zonas de la capital queretana.
Recordó que la autoridad ofreció cuatro terrenos en la delegación Epigmenio González, para reinstalar a los comerciantes, pero ellos están solicitando otro terreno que es propiedad de un particular.
“Nosotros les habíamos ofrecido cuatro terrenos los cuales a su percepción no les es viable para ejercer su actividad, ellos proponen otro que no es del municipio, es de un particular entonces eso es lo que limita en esa parte”, dijo.
Recordó que de acuerdo a declaraciones del dirigente de la Unidad, Pablo González Loyola, eran 200 los comerciantes que laboraban en el exterior de la Alameda, de los cuales 99 están en litigio contra el gobierno municipal.
Los comerciantes que se instalaban en el exterior de la Alameda Hidalgo fueron desalojados la madrugada del 19 de junio de 2016. En mayo de 2017, un juez federal ordenó la reinstalación de los comerciantes, acción que recurrió la autoridad municipal.
