Discutirán iniciativa sobre terapias de conversión antes del 17 de junio: Waltter López

El objetivo es que la entidad se convierta en el estado número quince en prohibir esta actividad

Karen Munguía | Diario de Querétaro

  · jueves 25 de mayo de 2023

El compromiso fue sesionar iniciativa antes del 17 de junio. Foto: Irais Sánchez | Diario de Querétaro


La iniciativa de las terapias de conversión será discutida en sesión de pleno previo a la realización de la marcha del orgullo LGBT+, confirmó Waltter López González, vocero del Frente por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico de Querétaro.

El activista mencionó que el acuerdo con el legislador Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue que se dictaminara previo a la marcha que se realizará el 17 de junio.

Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro

“El acuerdo que tuvimos con toda la comisión era que se iba a aprobar en la comisión y después se iba a subir a pleno antes de la marcha del orgullo del 17 de junio”, indicó.

Consideró que si la iniciativa ya se aprobó en comisión no habrá problema de que se apruebe por, al menos, la mayoría legislativa, con el objetivo de Querétaro se convierta en el 15º en prohibir las denominadas terapias de conversión.

“Si ya lo aprobaron, que sea como un éxito de estas negociaciones, diálogos, etcétera, y sea como decir, Querétaro seamos el estado número 15 en prohibir las mal llamadas terapias de conversión”, apuntó.

Foto: Iraís Sánchez | Diario de Querétaro

Reconoció la disposición al diálogo de los legisladores de dictaminar esta iniciativa y que no ocurriera lo mismo que con los matrimonios, para lo cual se recurrió a los amparos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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La reforma aprobada al Código Penal contempla penas de 2 a 6 años a quienes realicen las denominadas terapias de conversión, mientras que las penas se duplicarían en caso de que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

En dicha reforma se reconoce a los Ecosigs como un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual que, además, contempla una multa de 250 a dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad a quien cometa dicha violación.