/ jueves 1 de febrero de 2024

Disminuyen 24.1% quejas ante DDHQ

Arrastran rezago de expedientes heredados de las últimas dos administraciones

Las quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) disminuyeron 24.14% de 2022 a 2023, de acuerdo con el informe del presidente Javier Rascado Pérez, quien destacó que desde el inicio de su gestión ha enfrentado un rezago administrativo que dejaron las dos administraciones anteriores.

Rascado Pérez indicó que en 2023 se emitieron 417 resoluciones y 333 quejas, de las cuales algunas siguen abiertas. Detalló que actualmente se tienen 600 expedientes abiertos y recordó que cuando recibió la administración había 600 expedientes más.

En su informe, el presidente comentó que, además, existe un rezago presupuestal, los trabajadores no contaban con seguridad social ni prestaciones, así como rezago en bienes muebles que impactaban en la operatividad de la DDHQ.

“En el momento en que nosotros llegamos a la defensoría había expedientes que ya estaban incluso desde la anterior administración y estamos intentando solventarlos todo, en su mayoría. Hemos estado trabajando, teniendo respuesta con algún apoyo financiero, pero evidentemente seguimos en esta búsqueda”, dijo.

De acuerdo con el informe, durante 2023 se recibieron 333 quejas por la violación, principalmente, de derechos de legalidad y seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, e igualdad y trato digno. De las 333 quejas, se detectó la atención a 161 personas pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria; la Fiscalía General del Estado fue la autoridad más señalada durante 2023.

Rascado Pérez recordó que el año pasado se presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del estado para reconocer la identidad de género, iniciativa que no ha sido dictaminado en la LX Legislatura, y destacó la aprobación de la iniciativa para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad (Ecosig), mejor conocidas como terapias de conversión.

Asimismo, adelantó que, en próximos meses, una vez concluidos los procesos administrativos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), se publicará la convocatoria de la primera maestría en derechos humanos y políticas públicas, la cual estará orientada, principalmente, para personas servidoras públicas que busquen capacitarse en la materia; esto luego de la creación del Centro de estudios sobre derechos humanos de Querétaro.

En un mensaje político, tras la propuesta de “desaparecer” la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Javier Rascado precisó que el escenario actual obliga a redimensionar la importancia de los organismos garantes de los derechos humanos y subrayó que quienes apuestan por la impunidad y el debilitamiento del Estado ponen en riesgo la pertinencia de velar por los derechos humanos.

Agregó que, por el contrario, se requiere fortalecer institucionalmente a los órganos garantes para ahondar en la comprensión de la urgencia de adoptar los derechos como referencia universal de la convivencia social y de la relación entre las autoridades y las personas.

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“La discusión no debe orientarse en torno a la necesidad de su existencia, nadie que apueste por el Estado Constitucional de Derecho, puede pretender que dejen de existir instituciones orientadas a construir una cultura de respeto a los derechos humanos y vigilar la actuación de las autoridades, sino que debemos enfocarnos en su fortalecimiento para ampliar y profundizar sus efectos en la sociedad”, precisó.

Las quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) disminuyeron 24.14% de 2022 a 2023, de acuerdo con el informe del presidente Javier Rascado Pérez, quien destacó que desde el inicio de su gestión ha enfrentado un rezago administrativo que dejaron las dos administraciones anteriores.

Rascado Pérez indicó que en 2023 se emitieron 417 resoluciones y 333 quejas, de las cuales algunas siguen abiertas. Detalló que actualmente se tienen 600 expedientes abiertos y recordó que cuando recibió la administración había 600 expedientes más.

En su informe, el presidente comentó que, además, existe un rezago presupuestal, los trabajadores no contaban con seguridad social ni prestaciones, así como rezago en bienes muebles que impactaban en la operatividad de la DDHQ.

“En el momento en que nosotros llegamos a la defensoría había expedientes que ya estaban incluso desde la anterior administración y estamos intentando solventarlos todo, en su mayoría. Hemos estado trabajando, teniendo respuesta con algún apoyo financiero, pero evidentemente seguimos en esta búsqueda”, dijo.

De acuerdo con el informe, durante 2023 se recibieron 333 quejas por la violación, principalmente, de derechos de legalidad y seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, e igualdad y trato digno. De las 333 quejas, se detectó la atención a 161 personas pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria; la Fiscalía General del Estado fue la autoridad más señalada durante 2023.

Rascado Pérez recordó que el año pasado se presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del estado para reconocer la identidad de género, iniciativa que no ha sido dictaminado en la LX Legislatura, y destacó la aprobación de la iniciativa para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad (Ecosig), mejor conocidas como terapias de conversión.

Asimismo, adelantó que, en próximos meses, una vez concluidos los procesos administrativos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), se publicará la convocatoria de la primera maestría en derechos humanos y políticas públicas, la cual estará orientada, principalmente, para personas servidoras públicas que busquen capacitarse en la materia; esto luego de la creación del Centro de estudios sobre derechos humanos de Querétaro.

En un mensaje político, tras la propuesta de “desaparecer” la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Javier Rascado precisó que el escenario actual obliga a redimensionar la importancia de los organismos garantes de los derechos humanos y subrayó que quienes apuestan por la impunidad y el debilitamiento del Estado ponen en riesgo la pertinencia de velar por los derechos humanos.

Agregó que, por el contrario, se requiere fortalecer institucionalmente a los órganos garantes para ahondar en la comprensión de la urgencia de adoptar los derechos como referencia universal de la convivencia social y de la relación entre las autoridades y las personas.

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“La discusión no debe orientarse en torno a la necesidad de su existencia, nadie que apueste por el Estado Constitucional de Derecho, puede pretender que dejen de existir instituciones orientadas a construir una cultura de respeto a los derechos humanos y vigilar la actuación de las autoridades, sino que debemos enfocarnos en su fortalecimiento para ampliar y profundizar sus efectos en la sociedad”, precisó.

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