Será el Poder Ejecutivo el que tome una decisión sobre lo que sucederá con el fideicomiso que autorizaron los diputados locales para la consolidación del Parque Industrial de Alta Tecnología (PIAT) de la compañía Advance Real State, mediante el desarrollo de 103 hectáreas aledañas al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), informó la diputada Norma Mejía Lira, presidenta de la Comisión de Hacienda de la LVIII legislatura local
Luego de que el gobernador Francisco Domínguez Servién aclaró que no se firmó ese fideicomiso con la empresa que dirige Manuel Barreiro, a quien se señala por presunto lavado de dinero, la diputada resaltó que la legislatura local sólo autorizó al gobierno del estado para disponer de un predio y realizar actos de administración.
“Como legislatura únicamente es nuestra competencia revisar que el predio se encuentre en las condiciones, confirmar que la propiedad esté libre de gravamen y todos los requisitos. Esa únicamente es nuestra función, ya no es nuestra competencia ir mas allá, la cuestión de gobierno o las personas, las autoridades correspondientes son las obligadas, en su caso, de confirmar o verificar que lo que se vaya a firmar esté libre de vicios o cuestiones que en un momento dado puedan implicar cierta responsabilidad al patrimonio que está en su cargo”, explicó.
Recordó que el criterio de los diputados que integran la Comisión de Hacienda fue que la construcción de un parque es en beneficio de la sociedad, al generar empleos directos e indirectos y el mayor referente de ese esquema “es Bombardier”.
Mejía Lira abundó que el trabajo de los diputados concluyó cuando le dieron la autorización al gobierno para que pueda realizar la firma de fideicomiso y “son ellos quienes generarían los movimientos correspondientes”.
“El objeto de esa autorización fue el desarrollo de este parque industrial que impacte en beneficio de generación de empleos y desarrollo económico del estado de Querétaro”, insistió Norma Mejía.
La diputada local resaltó que sólo puede responder lo que le corresponde a la legislatura local que fue revisar que el predio cumpliera con todos los requisitos de ley “y lo demás no es competencia de nosotros, las autoridades, gobierno que es el que firma, son los que tienen la responsabilidad de confirmar que no existan vicios”.