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-Está en proceso el decreto de Peña Colorada ante Semarnat
-El decreto contempla 5 mil hectáreas de ejidos
- Algunos ejidatarios expresaron no estar en contra del decreto
Este miércoles a partir de las 8 de la mañana alrededor de 500 representantes de ejidatarios llegarán a Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador, Francisco Domínguez Servién, con el objetivo de que les den respuesta sobre el proceso e implicaciones del decreto de Peña Colorada como área natural protegida, ya que han pedido un audiencia desde el 20 de agosto.
En conferencia de prensa este martes señalaron que acudirán con el gobernador porque fue quien llevó ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la petición de dos infantes para el decreto de esa zona, además mostraron documentos del Registro Agrario que los ostentan como titulares de predios que conforma nueve ejidos de esa zona.
Carlos Moreno, integrante del Comité de Administración de la Central Campesina Cardenista precisó que no están en contra de la conservación de los recursos naturales o la naturaleza, sin embargo requieren que sean convocados y consultados sobre este proceso de decreto.
“Les queremos decir a los infantes que estamos a favor de la consulta, diálogo y no estamos en contra de la naturaleza”, aseveró.
Puntualizó que tienen el documento para el decreto de Peña Colorada en el que contemplan 5 mil hectáreas que pertenecen a ejidos, por lo que piden conocer cuál es la propuesta de manejo y la conformación del comité de manejo; así como que los ejidatarios puedan participar en esos comités.
“Que haya diálogo entre él (gobernador) y nosotros y saber lo que ellos están pensando cuánta superficie quieren y cuánto van a ser afectados”, aseveró.
Aclaró que no representan intereses de desarrolladores inmobiliarios, ya que son legítimos propietarios de predios que conforma los nueve ejidos que están dentro de la zona conocida como “Peña Colorada”.
En su intervención, la presidenta comisionada del ejido San Pablo, Rocío Vidal señaló que están dispuestos a la conservación, pero requieren saber cuál es la propuesta que tienen las autoridades federales y estatales.
Mientras que Adolfo Balderas, del ejido de Jurica señaló que tiene fracciones de predios en esa zona, ya realizan tareas de preservación, por lo que con el decreto les quitarían derechos sobre sus tierras.
