El pasado 11 de junio, acompañados de personal adscrito al Poder Judicial del Estado de Querétaro, abogados que representan a los inconformes del icónico proyecto llevaron a cabo la ejecución de un mandato judicial en el cual embargaron ascensores, subestaciones, transformadores, y hasta el mobiliario de oficina que se encontraba ubicado sobre Av. Calzada de los Arcos.

Uno de los clientes del proyecto, empresario queretano que decidió permanecer anónimo, nos narró cómo desde que se anunció el desarrollo inmobiliario en 2018 fue de los primeros interesados en comprar uno de los departamentos a un precio por encima de los $13’500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos). Sin embargo, aunque esperó pacientemente la terminación del edificio, cuando tuvo acercamientos con la desarrolladora, “FB Capital”, SAPI de CV, representada por el Sr. Alejandro Francisco Fernández Prieto, éste le manifestó que “no hay un tiempo de entrega para los departamentos”, y que “no le asustan los juicios” porque para que ellos devuelvan el dinero sería como “exprimir agua a una piedra”.

Por su parte, el Lic. Javier Ruiz Velasco Aguado -Titular del Despacho “RVA Consultores”- señaló que se agotaron todas las negociaciones posibles y que no hubo otra opción más que acudir a embargar lo que se encontrara en el inmueble: “Nosotros ya obtuvimos sentencia favorable en el expediente 356/2024 del Juzgado Primero Especializado en Oralidad Mercantil de Querétaro e, inclusive, congelamos las cuentas a nombre de la demandada. Aún así, los propietarios de Barrio Santiago se niegan a regresar voluntariamente las cantidades que recibieron por el departamento que nunca entregaron”. El abogado litigante nos explicó que, al tratarse de una ejecución de sentencia, los bienes embargados podrían ser llevados a remate para abonar al pago de la deuda condenada.

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