El Sistema Penitenciario de Querétaro alcanzó la calificación más alta en materia de respeto a los derechos humanos de los reclusos que ha otorgado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2011 en que creó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), con 8.61 puntos.
Con ello, Querétaro se ubicó en la primera posición del ranking nacional en la edición 2023 del el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH por sexta ocasión consecutiva.
De acuerdo con el DNSP, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro se ha mantenido por seis años como la institución mejor evaluada del país, destacando las buenas prácticas que derivan en aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, programas que fomentan una adecuada reinserción social de las personas privadas de la libertad y acciones para brindar atención a grupos de personas con necesidades especiales.
En un comunicado oficial, el gobierno del estado refirió que lo anterior fortalece los hallazgos presentados por el Índice de Estado de Derecho 2023-2024 elaborado por la organización de la sociedad civil internacional “World Justice Project”, que destacó al Sistema Penitenciario de Querétaro como el más seguro y respetuoso de los derechos humanos en el país.
“Estos resultados, implican un mayor compromiso para la Comisión Estatal en cuanto a continuar fortaleciendo las prácticas exitosas que se implementan bajo la metodología del modelo penitenciario Cosmos, además de atender las áreas de oportunidad conforme ha sido la instrucción del Gobernador Mauricio Kuri González, de respeto a los derechos humanos de las personas”, señala el posicionamiento estatal.
➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria se publica de manera anual y examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, el respeto y observancia a los derechos humanos de los reos.