Como agravado sería considerado el robo y la venta de registros y alcantarillas, así como el mobiliario urbano: bancas, juegos de los parques y todo aquel bien que presta un servicio público.
Lo anterior, de acuerdo a la Iniciativa de Ley que reforma la Fracción X del artículo 183 y adiciona el artículo 183 Bis del Código Penal del Estado, que presentó el diputado Manuel Pozo Cabrera, coordinador del Grupo Legislativo de Querétaro Independiente.
La propuesta de reforma, dijo, es de manera conjunta por los diputados locales del Partido Acción Nacional y de Querétaro Independiente.
“A través de esta iniciativa buscamos incidir para inhibir esta práctica, la propuesta por una parte es conceptualizar dentro de la Fracción X del artículo 183 del Código Penal, el equipamiento y mobiliario urbano, dando herramientas a quien procura la justicia y a quien la imparte, al contar con un tipo penal claro y preciso. Y no solamente nos limitamos al tema de registros y alcantarillas; es en general el mobiliario urbano: bancas, juegos de los parques y todo aquel bien que presta un servicio público”, explicó el legislador.
Afirmó, por otro lado, que se señala en dicha fracción como un robo agravado y se aumenta la sanción hasta una mitad del robo simple. Además de que se establece el artículo 183-Bis 1, en donde se establece una pena de 1 año a 3 años y de 100 a 500 días-multa para quien comercialice, enajene o traslade dichos bienes con el conocimiento de que son robados.
“Así buscamos cerrar el círculo y no solo establecer una pena para quien lo roba, sino también para quien está facilitando su comercialización”, apuntó el diputado.
Explicó que la sanción que hoy se prevé para el robo simple es de 3 meses a 3 años y de 30 a 90 días-multa. “Lo que nosotros proponemos, a través de agravar esa conducta, es que se incremente en un 50% dicha pena, es decir de 4.5 meses a 4.5 años, y una sanción de 45 a 135 días-multa”, con lo cual pasaría la multa de 12 mil 700 pesos a 19 mil pesos, afirmó el legislador.
Además, dijo que hoy no está previsto para quienes comercialicen, enajenen o trasladen esos productos robados, se estaría estableciendo una pena de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, con lo cual se podría estar pagando una sanción de 70 mil 850 pesos.
“Esta iniciativa es motivada para atender esta preocupación y en solidaridad con las personas que han visto afectado su patrimonio y su integridad, así como a las personas que también han perdido a un ser querido, derivado de algún accidente ocasionado de la falta de algún registro o alcantarilla”, expresó el legislador.
Afirmó que uno de los principales móviles de este delito es la venta clandestina del equipamiento robado, lo que involucra una parte activa, la que efectúa el ilícito, y otra parte pasiva que es la que adquiere los productos de dicho delito
El diputado Manuel Pozo expresó que en esta propuesta de ley también se está atendiendo el robo a escuelas públicas, por lo que se incluyó en el concepto de equipamiento y mobiliario urbano, el perteneciente al servicio educativo, para que esta conducta delictiva sea sancionada no solo con un agravante, sino que también se pueda sancionar a quien comercialice el producto de dicho robo.