Paul Ospital Carrera, diputado local, presentó un exhorto a la Secretaría de educación para reconsiderar el nombramiento del director general del Cobaq; además, interpuso una queja ante el órgano interno de control del Cobaq por violar la ley orgánica de esta dependencia con dicho nombramiento.
En rueda de prensa, el priista calificó como inmoral e ilegal la designación de León Enrique Bolaño Mendoza como director general del Colegio de Bachilleres del estado de Querétaro (Cobaq), esto tras haber sido acusado y sancionado por violencia de género.
“Es inmoral nombrarlo director general del Colegio de Bachilleres, pero además hay algo más grave, gracias a este nombramiento regresé a los orígenes y me puse a revisar la ley orgánica del Cobaq y resulta que su nombramiento no solo es inmoral, sino que es ilegal”, enfatizó.
Acusó que, además, con su nombramiento se violó la fracción V del artículo 21 de la ley orgánica del colegio puesto que señala que para ser nombrado director no debe desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo partidista o de elección popular los tres años anteriores a su designación.
Sin embargo, cabe mencionar que el pasado 9 de septiembre se aprobaron diversas disposiciones de la administración pública del estado, entre las cuales destaca un ajuste a dicha fracción para dejarlo como “no desempeñar ningún cargo partidista o de elección popular”.
Ospital Carrera subrayó que esta reforma puede ser conocida como la “Ley León”, pues con ella se benefició al expresidente municipal de Cadereyta de Montes, quien en días pasados fue nombrado director general del Cobaq.
“¿Ustedes se acuerdan de la ley Taibo? Cómo fue criticada ampliamente por el Partido Acción Nacional a nivel nacional porque cambiaron una ley para poder nombrar a Paco Ignacio Taibo II, bueno, pues podría ser la Ley Taibo Querétaro, la Ley León”, puntualizó.
Finalmente, indicó que, pese a dicha reforma, aún así se violenta la fracción VII que hace referencia a que debe ser “una persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio”, por la sanción a la que se hizo acreedor por violencia de género en contra de varias mujeres del Ayuntamiento.