Mujeres y adultos mayores que resultaron defraudados por el cierre de la “Caja Popular 30 de Agosto” en febrero de 2014, denunciaron tardanza en la elaboración de una auditoría que les permita recuperar sus ahorros y explicaron que con esa dilación se corre el riesgo de que el caso prescriba.
Patricia Mastache Villalobos y Sandra Reyna Vega informaron que el gobierno del estado recurrió al fideicomiso Fondo Pago, que entregó 158 mil pesos, como monto máximo, a los defraudados que aceptó este dinero, pero muchos tenían un ahorro mucho mayor y recurrieron a un amparo ante la justicia federal.
Con el amparo, 85 socios de la caja popular, que perdieron casi cien millones de pesos, demandaron elaborar una auditoría para saber qué pasó con su dinero, porque el cierre de la institución financiera afectó a entre cuatro mil y seis mil personas que perdieron sus ahorros por alrededor de 600 millones de pesos.
Del total de personas afectadas, dos mil 500 socios cobraron el Fondo Pago del gobierno del estado y alrededor de mil 500 no lo aceptaron, en demanda de que se esclareciera el caso, pero la tardanza en la elaboración de una auditoría formal podría hacer que este caso prescriba y deje daños económicos para todos los afectados, que eran en su mayoría mujeres y por lo menos el 40 %, adultos mayores.
“El Fondo Pago cubre un máximo de 158 mil pesos, pero había muchos ahorros, porque la mayoría éramos de Santa Rosa Jáuregui y muchos vendieron sus terrenos para ahorrar. Desde entonces hemos pedido una copia de la auditoría porque es lo que iba a mostrar qué pasó con el dinero y hasta la fecha no la tenemos con bases científicas”, aseguró Patricia Mastache.
Aseguraron que al inicio de la actual administración estatal se les dio a conocer que había tres auditorías pero ninguna coincidía y ahora se espera que la Fiscalía General del Estado avance en estas investigaciones, porque se tienen alrededor de 250 denuncias por parte de los afectados.
Aunque en 2014 se detuvo a ocho personas por el delito de fraude, todas recuperaron su libertad en menos de un año “y andan amparadas”, lo que aumenta el temor de que se deje sin castigo este caso y que no se recupere el dinero de los afectados.
