Esperan normas para reformar ley electoral

 “Estamos pensando hacer cambios en la forma, en el procedimiento, para que no haya errores, vicios, o ausencias” : Agustín Dorantes 

Mercedes Rosales | Diario de Querétaro

  · lunes 28 de octubre de 2019

Agustín Dorantes Lámbarri, diputado local y presidente del PAN/CRÉDITO: YOLANDA LONGINO 

La réplica de la iniciativa Sin voto no hay dinero en Querétaro, y que reformaría la ley electoral del Estado, esperara los lineamientos que se definan a nivel federal, para ser aprobada en el estado, indicó Agustín Dorantes Lámbarri, diputado local y presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

“Estamos esperando la aprobación de la posible propuesta en materia federal para con base en la Iniciativa federal hacer los cambios en lo local”, dijo.

Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, estimó que las reformas a la ley de Participación Ciudadana y Ley Electoral podrían estar listas para este año.

Al ser cuestionado el legislador sobre las reformas electorales que se propondrían de cara al proceso 2020-2021 indicó que se realizará un foro con los órganos electorales del estado.

Ejemplificó que dentro de los procesos a cargo de los órganos electorales, y que podrían modificarse, se encuentra el registro de las candidaturas comunes; es decir, en coalición o alianza con otros partidos, y en las cuales no sé menciona a qué partido pertenece cada candidato.

No habrá margen de tolerancia para quienes incurran en faltas contra la Ley Electoral.

“Aquí vamos a tener que hacer un pequeño cambio donde tengan que manifestar los partidos políticos a qué partido pertenece el diputado propuesto (…) No estamos pensando en hacer grandes cambios. Simplemente estamos pensando hacer cambios en la forma, en el procedimiento, para que no haya errores, vicios, o ausencias”, abundó.

Cabe recordar que la iniciativa Sin Voto no hay Dinero, fue impulsada hace un par de años por el entonces legislador local independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto y propuso modificar la fórmula de distribución del financiamiento público con base en la votación válida emitida y no el padrón electoral.