La legisladora Fabiola Larrondo Montes exhortó a la LIX Legislatura a presentar un punto de acuerdo que permita agilizar la firma de un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el municipio de Querétaro con el objetivo de municipalizar un tramo de la carretera 57.
“Seguramente que ustedes se enteraron de los diversos accidentes que han ocurrido con camiones de carga, habiendo consecuencias muy graves de la pérdida de vidas humanas y daños materiales. La solicitud es para que se agilice dicho convenio de colaboración y prohibir la circulación de dicho tipo de transporte”, comentó.
Larrondo Montes recordó que, el pasado 8 de junio de este año, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la firma de este convenio para municipalizar el tramo urbano comprendido entre el kilómetro 207+000 al 212+100 de la carretera federal México-Querétaro.
Sin embargo, hasta la fecha la Secretaría de Movilidad del municipio, dependencia encargada de dar seguimiento a la suscripción de este, continúa a la espera de la respuesta de la dependencia federal.
La diputada destacó que este convenio es de gran importancia sobre todo tomando en cuenta los accidentes que se han registrado y que han derivado en pérdidas humanas y materiales.
“Ojalá que existiera un punto de acuerdo para que el municipio pueda agilizar la firma de dicho convenio y así poner una solución a esta situación que es constante, de alto riesgo, para la seguridad de los automovilistas”, agregó.
Cabe recordar que, con este convenio, el municipio de Querétaro estaría obligado a realizar la conservación y el mantenimiento del tramo en cumplimiento con las especificaciones técnicas de construcción de la SCT; además, deberá conservar la superficie de rodamiento, acotamiento, limpiar y deshierbar el derecho de vía, así como conservar, reparar y desazolvar puentes y alcantarillas, y conservar y reparar el señalamiento.
Además, deberá acordar con la Secretaría de Gobernación los términos de vigilancia del tránsito para fines de seguridad pública, y no podrá ejecutar obras públicas sin previa autorización de la SCT, ni permitir propaganda comercial ni política en el tramo, entre otras restricciones. Este convenio tendría una vigencia indefinida, aunque podría concluirse ante el incumplimiento de ciertas medidas.