En Querétaro, la gestión del agua debe resolverse con una política pública para su eficiencia y regulación debido a su escasez, refirió Enrique Uribarren Castro, presidente del observatorio ciudadano de Protección Ambiental.
En entrevista, señaló que se requiere de una legislación que obligue a tratar el agua y otorgarle un segundo uso, ya que hay una gran cantidad de desperdicio de este elemento, en un estado cuyo principal problema "es la condición de estrés hídrico en la que se encuentra".
Asimismo, comentó que no existe una Ley Estatal de Agua que permita su aprovechamiento en los diferentes rubros en los que se utiliza, donde no hay medidas suficientes para que esto se lleve a cabo.
"Tenemos un importante reto, pero tendría que estar regulado en una ley de carácter estatal esa obligatoriedad de darle tratamiento industrial o residencial y que se destine a un segundo uso. En este contexto nos ponen más claro los retos y oportunidades que tenemos conforme al tipo de usuario que en la entidad utiliza el recurso del agua", sostuvo.
Al respecto, dio un panorama amplio sobre quiénes consumen dicho elemento en Querétaro y destacó que en primer lugar es el sector agropecuario; en segundo, el de su uso público urbano y, en tercero, el sector industrial, los cuales no implementan medidas para evitar su desperdicio.
Precisó que esto podría regularse a partir de una la ley de aguas, pero que ha habido poco interés por parte del estado pese a la insistencia de asociaciones, además de que se llegó a proponer un Consejo Hídrico Estatal para que sea el estado quien tomen el control del agua y no las instituciones como la Comisión Estatal de Aguas (CEA), sin ninguna respuesta favorable.
"Nosotros consideramos que quien debe recobrar la rectoría en materia de agua (planeación, uso y aprovechamiento) es el estado, pero no a través de la CEA, la cual debe ser un buen organismo operador, pero no debe ser la entidad que regule la forma en que se va a consumir el agua", señaló.
Esto con la intención de que el control de este recurso sea ejecutado por dicho Consejo a partir de políticas públicas que “nos permita implementar medidas de carácter ambiental y público”, y no mediante organismos como la CEA, quienes otorgan concesiones a particulares que “utilizan ciertas lagunas legales para ser los que dotan del servicio a la población”, algo que también se erradicaría mediante una Ley Estatal de Aguas.
