Cuatro integrantes de la Unión de Taxistas Benito Juárez fueron expulsados luego de solicitar una auditoría sobre el manejo de los recursos hecho por la actual dirigente, Marisa Patiño Aboytes, que, de acuerdo con Jerónimo Rubio, uno de los afectados, también amenazó con golpearles.

De acuerdo con el testimonio de uno de los socios expulsados, la dirigente, que también trabaja en la Secretaría de Salud del estado, “propuso la expulsión del señor Margarito Nieto, Jaime González, Jerónimo Rubio y Gabriel Medina, porque nosotros buscamos una auditoría, estas personas tienen una verdadera dictadura en esa organización”.

Además de la expulsión injustificada y sin derecho a réplica que se dio en la última asamblea, los socios afectados dijeron haber sido amenazados por Patiño Aboytes: “ella dice que un señor que se llama Apolinar Ledezma que nos puede dar una calentadita, yo lo veo muy mal porque es una funcionaria de gobierno”.

Jerónimo Rubio acusó que desde hace más de dos años que no se rinden los informes mensuales sobre el manejo de los recursos obtenidos de los bienes propiedad de la asociación, “es preocupante, como ciudadanos, que tengan esa conducta y como funcionaria del sector salud”

Como asociación, tienen 27 locales, cien radios con señal, un edificio que se renta para eventos y dos terrenos, “esto, cuando llegó la doctora, ya estaba, nosotros le pedimos una administración austera y no la quiso llevar”.

Los socios expulsados refirieron que fue durante la sesión de la asamblea que se determinó dicha resolución, sin embargo, expresaron que “no nos pudimos defender porque no nos prestaron el micrófono, es la táctica de ella”.

De acuerdo con Rubio, desde hace tres años, la administración de Patiño no hace las aportaciones de participación a los socios, anteriormente, de acuerdo con Rubio, esto consistía en un pago de mil pesos al año, como beneficio de las ganancias obtenidas por los bienes de la asociación.

La Unión de Taxistas Benito Juárez está conformada por 350 socios, de los que únicamente asisten a las asambleas menos de un tercio “es pura gente vulnerable, grande de edad que ya no puede ir o tienen que llevarlos”.

La principal demanda de los afectados es “que nos reintegraran y que nos den lo que tenemos como participación, lo que nos toca del patrimonio, yo estoy ahí desde 1983 y así los demás compañeros también ya tienen muchos años, si ya no les conviene, que nos den nuestra participación”.