Fueron falsas las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio “L”, sobre las implicaciones que hizo del exsecretario, José Antonio Meade y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa en presuntos actos de corrupción, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
En entrevista para la segunda emisión del noticiario ABC Diario que conduce Adán Olvera y Cecilia Ruvalcaba; explicó que las instituciones de justicia mexicanas no prejuzgan a ninguno de los 70 implicados en la declaración de Emilio “L”, por lo que investigan cada caso.
“Estamos haciendo un análisis de la información para ver si es ciertas o no las afirmaciones del señor Lozoya. Y esto no prejuzga respecto de nadie en particular”, indicó.
Explicó que en el caso del excandidato presidencial, José Antonio Meade, lo mencionaron como quien realizó contrato de la planta “Etileno 21” cuando era titular de la secretaría de Energía en el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo las fechas no concuerdan.
“Pero en realidad cuando se realiza esa adquisición, él no era secretario de Hacienda, entonces lo que estamos haciendo es descartando qué cosa es cierta y qué cosa es falsa, sin prejuzgar bajo ninguna circunstancia”, subrayó.
Respecto a la implicación del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa por un presunto tráfico de influencia para beneficiar a su hermano; el funcionario federal aseguró que no hubo ningún beneficio como lo había señalado Emilio “L” en su declaración.
“Ahí se habla hubo una especie de tráfico de influencia para subir a su hermano, subirlo de nivel; cuando en realidad pues no tuvo ese cambio, en todo caso podemos ver que la persona permanece en el cargo que tenía”, aseguró.
Recalcó que entre las 70 personas investigadas está el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, dos ex presidente de México.
ELECCIONES 2021
Nieto Castillo también aseveró que si las elecciones de 2021 continúa al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera trabajará de forma coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que estén blindadas de cualquier acto de corrupción por el financiamiento de grupos criminales o empresas, así como que no haya peculado.
