Será la familia de Esmeralda la que decida si se pide o no una disculpa pública a la Fiscalía general del estado por la revictimización de la menor, indicó Mayra Dávila Alvarado, representante de ADAX Digitales, quien enfatizó que fue la verdad jurídica y no los acuerdos políticos lo que permitió que se retiraran los cargos por homicidio en contra de la niña.
Luego del anuncio de un procedimiento interno contra quienes iniciaron la carpeta de investigación contra la menor, la activista comentó que serían alrededor de cinco los funcionarios de la Fiscalía que se investigarían, entre ellos el médico forense y quienes brindaron la atención psicológica y asesoría jurídica.
“Se tiene que hacer el análisis de la carpeta, con los nombres, que presenten sus metodologías, protocolos. Yo estimo que estamos hablando entre unos cuatro y cinco funcionarios que participaron en esta mala integración, en estas omisiones por parte, en las dos carpetas, la de violación y la de homicidio”, dijo.
Señaló que al Poder Legislativo es al que le corresponderá tomar la decisión de iniciar o no un juicio político en contra del fiscal del estado, a petición del Senado de la República, y refirió que, pese a ser decisión de la familia, debería ponerse sobre la mesa la disculpa pública y la responsabilidad de quienes fungieron, incluso, como voceros del caso.
Y es que cuestionó la postura de Margarita Luna Téllez Girón, vicefiscala de investigación y persecución del delito, quien puso en “tela de juicio” la vida sexual de la niña a través de medios de comunicación a nivel nacional; además, externó que en la Fiscalía del estado no existe una atención con perspectiva de género.
“Esa decisión también es por parte de la familia, de esperemos, es todo lo que les puedo adelantar, la familia ha hecho un acompañamiento a la menor, el papá ha hecho todo por protegerla y seguirá haciendo todo por buscar su dignidad y, sobre todo, por buscar justicia para ello. En ese sentido, la disculpa pública, el tema de, pensaría, analizar muy bien el tema de responsabilidades para quienes fueron voceros tendría que ser algo que se ponga sobre la mesa”, agregó.
Aseveró que la lucha de la asociación fue para defender, además, la inocencia de la menor y afirmó que el objetivo es garantizar que los servidores públicos que hicieron mal su trabajo dejen de labora en la fiscalía. Incluso, aclaró que el desistimiento de cargos de la Fiscalía se dio por un triunfo de la verdad jurídica y no por acuerdos políticos.
“Que quede claro una cosa, esto no fue un triunfo de un acuerdo político, no fue el triunfo de nada más que la verdad jurídica. La carpeta de investigación y el delito que se le trataba de imputar era una completa aberración y, a través de esta visibilización que pudimos hacer se pudo dar cuenta la autoridad, tarde a lo mejor, de que era un absurdo seguir con esta carpeta, con esas deficiencias y tenía que prevalecer la inocencia de la menor”, mencionó.
Dávila Alvarado recordó que la denuncia por violación en agravio de Esmeralda ya había sido desechada desde hace semanas, aunque enfatizó que podía presentarse nuevamente si la familia lo decide.
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“Ayer que platicamos con los papás es un tema para considerarse una vez que ella haya tomado sus terapias psicológicas, haya regresado a la escuela. De nuestra parte rechazamos el tema de que pudiera quedar impune, pero también entendemos como asociación y acompañantes que cuando las víctimas estén listas ahí será, en su momento estuvo lista, no se le acompañó, pero esperemos que la situación cambie para ella”, dijo.
