La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción esperará a recibir una denuncia por las irregularidades por más de mil millones de pesos que se detectaron en la UAQ, porque no puede actuar ni investigar de oficio, aclaró el titular Benjamín Vargas Salazar.
Aseguró que una vez que se tenga esa denuncia actuará con prontitud, como hizo con los dos funcionarios públicos de Sedesu y de la CEA, denunciados por cohecho. En el caso de Sedesu, se sentenció a una persona a cumplir con 250 horas de servicio comunitarios durante 11 meses y una plática de concientización.
El fiscal especial sostuvo que hasta este momento no hay una denuncia en contra de las irregularidades que se detectaron en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) por más de mil millones de pesos durante la rectoría de Gilberto Herrera Ruiz.
Dijo esperar a que las instancias revisoras y otras que tienen facultades de revisar el caso, “si detectan alguna situación que tenga que ser del conocimiento de la fiscalía, nos dieran la carpeta, pero en este momento no tenemos ninguna carpeta”.
“No podemos actuar de oficio, debemos tener una denuncia. Hasta donde yo tengo entendido son (organismos) públicos, pasan a manos de la legislatura y ahí se determina qué es lo que se hace con estas observaciones. (Los diputados) hacen una revisión”, agregó.
Vargas Salazar pidió esperar a que se presente esa denuncia para conocer los elementos que se aporten en el caso, sobre todo porque la ley le impide a esta fiscalía actuar de oficio, ya que “no somos un órgano inquisidor".
Se sancionó a servidores públicos
Benjamín Vargas subrayó que en los casos en los que se iniciaron trámites contra servidores públicos ya se aplicó la ley, como las denuncias contra un servidor público de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) y otro de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), ambos por cohecho.
Precisó que “la parte administrativa nosotros no (la llevamos)”, porque a la Fiscalía le toca el proceso penal. El caso del servidor público de la Sedesu “ya se puso en conocimiento de un juez, la persona tiene once meses de suspensión de proceso, en ese lapso la persona tiene que ir a firmar mensualmente, la persona tiene que desempeñar 250 horas de trabajo en favor de la comunidad, es decir, la aplicación de la ley se dio”.
En el caso del servidor público de la CEA, hubo una suspensión al proceso y tiene vigilancia de la autoridad, “se les somete a unas pláticas para que no vuelva a cometer estos actos y esa fue la aplicación, inmediatamente damos vista a los órganos internos de control para que ellos desde el punto de vista administrativo puedan llevar a cabo una inhabilitación”.
