Es preocupante el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas al negar la atención en la denuncia de desaparición del joven Baruc Valencia Villanueva señaló Aleida Quintana, activista e integrante de T'ek'ei, Grupo interdisciplinario por la equidad.
"La madre se acercó inmediatamente el día que desapareció su hijo, Baruc, y le niegan su derecho a una denuncia e iniciar una carpeta de investigación, argumentando que no encontraban un delito y que no le correspondía a esa unidad iniciar la denuncia", señaló la activista, quien es acompañante de este caso.
Fue el 4 de agosto cuando denunciaron la desaparición del joven, después que varios sujetos a bordo de tres vehículos en color blanco, sin placas delanteras, ingresaron al lugar de residencia y se llevaron al menor.
En tanto, la activista, refirió que la omisión de estas instancias públicas es violatorio de derechos humanos y una falta muy grave al protocolo homologado de búsqueda, pues las primeras horas después de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización.
"Estamos hablando de un menor de edad y la forma en la que desaparece indica que podría ser víctima de la comisión de un delito y en este supuesto las autoridades deberían intervenir de manera inmediata, pero lo que encontramos es una serie de omisiones graves para el caso de Baruc, que viola su derecho a ser buscado y su derecho de acceso a la justicia", sostuvo.
La también antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) señaló de manera enfática la constante negligencia de las autoridades para este tipo de casos, en los que, dijo, "son acciones sistemáticas", ya que no es la primera ocasión que esto ocurre, lo que agrava la impunidad en el estado.
"Es sistemático: una negativa a iniciar las denuncias de manera inmediata, a activar el Protocolo Amber y estas omisiones como en el caso de Baruc, lo que trae como consecuencia que el daño se prolongue, no solo para el chico, sino para su familia. Eso nos sigue preocupando como defensores de derechos humanos", comentó.
También resaltó que las y los activistas de Querétaro han documentado e investigado este tipo de situaciones en la entidad, cuyas cifras van en aumento, pero que en ningún momento alguna autoridad ha puesto sobre la mesa esta problemática, que se refleja en las políticas públicas del estado.
“Les han negado las carpetas de investigación, la madre no sabe qué se ha hecho y qué no, y eso de negar las carpetas es algo que hacen de manera constante, para todos los casos que he acompañado a nadie se les ha entregado y esto es una falta de transparencia, pero también desconocemos los motivos por los que la Fiscalía niega este derecho a las familias”, concluyó.
