El caso de la detención del servidor público en funciones, que habría defraudado a ciudadanos con la venta de vehículos propiedad del Municipio de Querétaro, se encuentra en manos del Poder Judicial, señaló el secretario de gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez.

“Es un tema que ya está en competencia del poder judicial, ya ni siquiera de la Fiscalía, la Fiscalía y a concluyó su carpeta de investigación, ya ejecutó una orden de aprensión emitida por el Juez de Control y esto ya dependerá propiamente del Poder judicial”, dijo.

Mencionó que seguramente la Secretaría de Administración Municipal revisará si por estos actos, existió o no una afectación patrimonial al municipio o solamente al particular que presentó la denuncia.

Explicó que en “si existiese afectación al patrimonio del Municipio de Querétaro, el Munipcio presentará la propia denuncia”, que seguramente se acumulara a la que ya presentó el interesado, por derivarse de los mismos hechos. De no existir, no tendría caso presentar una denuncia.

Señaló que en este caso hay dos conductas: la afectación patrimonial ya sea solo al interesado, o además del municipio, y otra conducta es el uso indebido del ejercido de la función pública, caso en el que también puede emitir resolución el propio juez de la causa.

Añadió que si el alcance de esta conducta es solo de naturaleza penal, el Órgano de Control Interno del municipio, tendría que iniciar un juicio sobre responsabilidad administrativa, a menos que el juez de la causa tenga este tipo de alcances.

Detalló que tras la detención, no se puede realizar ningún proceso administrativo contra el funcionario detenido, hasta que no resuelva la autoridad judicial. Lo único que se podría realizar -dijo- es una suspensión temporal.

Finalmente, el secretario prefirió no detallar si hay más funcionarios municipales tienen alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El servidor público detenido, ingresó al Municipio de Querétaro desde abril del 2006.