El exfuncionario del municipio de Querétaro detenido por corrupción ya había sido puesto a disposición de la Fiscalía General; sin embargo, fue liberado al no haberse dado la detención en flagrancia, confirmó Benjamín Vargas Salazar, fiscal anticorrupción del estado.
Lo anterior, luego de que se diera a conocer la vinculación a proceso de un exservidor público por el delito de negociaciones ilícitas, relacionadas con la entrega de un apoyo económico a comerciantes que sufrieron una pérdida económica durante la pandemia del Covid-19.
“Hubo una puesta a disposición de esta persona en su momento, obviamente no fue una detención adecuada, nosotros como Fiscalía tenemos que revisar esas circunstancias. Nosotros dejamos en libertad a esta persona porque la detención no se dio en flagrancia, pero nosotros con la obligación constitucional que tenemos de investigar seguimos integrando la investigación y logramos una orden de aprehensión emitida por el juez”, explicó.
Vargas Salazar apuntó que en la investigación hay más personas involucradas que, incluso, están relacionadas con otra carpeta sobre irregularidades en el programa Tu Beca, por las cuales también se solicitarán órdenes de aprehensión y su posterior vinculación a proceso. Añadió que en este momento no se tiene contemplado acumular las carpetas de investigación, pese a tratarse de las mismas personas.
“Son las mismas personas que operaban los programas, efectivamente, qué bueno que lo comentas, porque en algunas situaciones se hace precisión de que es el de beca, luego que es el programa de comerciantes. Lo que ahorita nosotros estamos informando es un apoyo que se le daba a los comerciantes en la época de la pandemia, efectivamente tenemos otro asunto relacionado con el tema de becas y que en breve tiempo también vamos a estar judicializando”, añadió.
Sin embargo, aclaró que únicamente se llevará a los tribunales a quienes operaban, primero, el programa de apoyo a comerciantes, esto en relación a si el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, será investigado o procesado como titular de la dependencia donde se registraron las irregularidades.
“Lo que sí te puedo adelantar es que vamos a pedir la vinculación a proceso también de estas personas que, pues obviamente, son los que operaban el programa. Entonces tienen un grado de responsabilidad que seguramente van a tener que hacer frente. Es factible que se puedan llevar cada una por separado, en este momento no tenemos nosotros contemplados acumularlas, pero sí tenemos contemplado judicializar”, dijo.
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De igual manera, aunque confirmó que se tiene una base del daño al erario público omitió revelar la cantidad que fue afectada debido a que ésta podría variar por la reparación del daño que se establezca.
“No voy a precisar el monto, obviamente nosotros ya tenemos una precisión, lo que te puedo adelantar es que son varios millones de pesos. ¿Y por qué no doy el monto? Porque el monto está sujeto a un tema de contabilidad que obviamente puede variar. Lo que sí tenemos ya es un piso firme, es decir, ya tenemos un monto y de ahí obviamente puede aumentar”, puntualizó.
