Durante los últimos cuatro meses, 315 personas fueron sancionadas con trabajo en favor de la comunidad, por cometer alguna falta administrativa, dio a conocer el jefe de los Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro, Héctor Miguel Hernandez Velázquez.
Desde septiembre de 2023, el Municipio de Querétaro, implementó como sanción el trabajo a favor de la comunidad, para que aquellas personas detenidas por cometer alguna falta administrativa, pudieran conmutar horas de arresto.
Del total de infractores sancionados con trabajo comunitario, 204 ya cumplieron por lo menos 12 horas de trabajo a favor de la comunidad, mientras que 111 se encuentran en proceso de cumplimiento.
Recordó que todas las infracciones o faltas administrativas son susceptibles de ser conmutadas con trabajo a favor de la comunidad, no solamente el tema de alcoholimetría. La sanción menor en trabajo comunitario es de 12 horas, y de 18 horas en el mayor de los casos.
“Desde septiembre que iniciamos hasta el 31 de diciembre, tuvimos un total de 315 personas sancionadas con trabajo en favor de la comunidad, ya todas están en proceso de cumplimiento. 204 ya terminaron por lo menos 12 horas de trabajo a favor de la comunidad”, informó.
Entre las actividades que contempla el Reglamento de Justicia Administrativa, se encuentran las jornadas de poda o limpia en espacios públicos, que actualmente se están impulsando, principalmente en las inmediaciones de los Centros Integrales de Prevención Social (Cipres).
Pero también se llevan a cabo trabajos de pinta y plantación de árboles, entre otras actividades sencillas, sin que se realice un trabajo extenuante por parte de los infractores.
“Todas las infracciones son susceptibles de ser conmutables con trabajo a favor de la comunidad; nosotros como jueces cívicos, las sanciones que podemos imponer son un arresto administrativo hasta de 36 horas, que se puede conmutar por una multa o trabajo a favor de la comunidad”, dijo.
El 47% de las personas sancionadas con trabajo comunitario, ha sido por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública; el 24% por portar o comercializar instrumentos que facilita el consumo de sustancias tóxicas como pipas y otro utensilio; el 8.4% ha sido por portar estupefaciente o sustancia tóxica en la vía pública; y el 4.8%, por alterar el orden público.
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Mencionó que en la mayoría de los casos, se impone la sanción de trabajo comunitario para tratar de concientizar a las personas que fueron remitidas, sobre el daño que causaron a la civilidad. La edad de la mayoría de los infractores es entre 20 y 30 años de edad.
Finalmente, mencionó que en el caso de los menores de edad, son los padres de familia, los que acuden a la audiencia con el juez cívico y solicitan que sus hijos sean sancionados de esta manera y para que no vuelvan a incurrir en este tipo de faltas.
