Los hospitales públicos deben garantizar contar con médicos que no sean objetores de conciencia para que las mujeres, víctimas de violación, puedan acceder a un aborto en casos de violación, apuntó Alejandra Martínez Galán, activista y representante de Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex).
Esto ante la opinión del Colegio Médico de Querétaro, quien manifestó estar a favor de la iniciativa de objeción de conciencia y que fue presentada hace unos días en el Congreso local.
Dicha iniciativa se ingresó luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reiteró que debe permitirse la interrupción del embarazo en casos de violación, sin que haya necesidad de presentar una denuncia.
“Los hospitales públicos siempre tienen que garantizar tener personal médico que no sea objetor de conciencia”, dijo.
De acuerdo con Martínez Galán, la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, al igual que la Ley General de Salud, ya regula la objeción de conciencia del personal médico, sin embargo, los hospitales públicos no pueden negar la atención a las mujeres.
Subrayó que el Estado, al fallar en brindarles seguridad a las mujeres, tiene la obligación de restituir a las víctimas, y por ello, el acceder al aborto es parte de los derechos de quienes sufren violencia sexual.
“Los médicos pueden abstenerse de acuerdo a sus creencias, pero los hospitales públicos, como entes justo públicos, no pueden ser objetores de conciencia”, sentenció.
Advirtió que el pedir una denuncia para acceder el aborto en casos de violación, demuestra falta de “sensibilidad” e “ignorancia” de los delitos sexuales y cómo es el acceso de las mujeres a la justicia.
“Es mucha ignorancia de todos estos sectores y mucha insensibilidad para no entender lo que implica un aborto por sí mismo (...) Hay una presunción siempre de misoginia en esto discursos y no un reconocimiento de lo que implica la violencia sexual”, expresó.
