El Instituto Electoral del Estado de Querétaro recibió una orden de embargo de parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por una supuesta falta de pago de prestaciones, de los exconsejeros José Vidal Uribe y Alfredo Flores Ríos, por la cantidad de 3.3 millones de pesos, resolución que fue apelada.
Fue la tarde de ayer cuando se ejecutó una orden de embargo, donde el Instituto señaló una cuenta bancaria a efecto de garantizar, de manera precautoria, el pago que es equivalente al dos por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019, pero que, de acuerdo al IEEQ, no vulnera las actividades del organismo.
Con base en información del organismo, en noviembre de 2014, los exconsejeros José Vidal Uribe Concha, Alfredo Flores Ríos y Demetrio Juaristi Mendoza, demandaron al Instituto el pago de más de 19 millones de pesos, por concepto de: 90 días de salario por concepto de indemnización, 16 días de salario por cada año laboral como prima de antigüedad, 20 días de salario por cada año laborado y salarios desde la conclusión de su encargo (2014) hasta el 2017; pero no fue hasta el 11 de diciembre de 2018 que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó la ejecución de un laudo a favor de los denunciantes.
“El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con base en un criterio propio, determinó la ejecución de un laudo en el que condena al Instituto al pago de 4.2 millones de pesos (1.8 millones de pesos correspondientes a José Vidal Uribe, 1.8 millones de pesos a Alfredo Flores y $618 mil pesos aproximadamente a Demetrio Juaristi)”, informó el IEEQ.
Pero a pesar de este laudo, el 13 de febrero de 2019, el Tribunal notificó al IEEQ la ejecución del laudo referido, requiriendo el pago y embargo por un monto de 3.3 millones de pesos, correspondientes a los exconsejeros José Vidal y Alfredo Flores, para lo cual se dio una cuenta bancaria a efecto de garantizar el pago de manera precautoria.
En este contexto, el Instituto señaló que los recursos permanecen en la cuenta bancaria a nombre del IEEQ, “en espera de que los órganos jurisdiccionales federales competentes emitan la sentencia definitiva, ya que el asunto fue controvertido por el Instituto en segunda instancia”.
