Ante la pena aplicada a los exfuncionarios públicos, sentenciados por corrupción, que laboraron en la administración del panista Marcos Aguilar Vega, la coordinadora de la bancada priista, Abigail Arredondo Ramos, consideró esta pena es incongruente y obliga a los legisladores a realizar una revisión “puntual” de las leyes.
Esto luego de que un juez determinó “conmutar” una pena de cinco años de prisión, por mil 500 horas de trabajo comunitario, tras pagar los imputados casi nueve millones de pesos, correspondientes a la reparación del daño.
En entrevista vía telefónica, Arredondo Ramos lamentó que con las “pruebas contundentes” se decida que, con el pago del daño económico se concluya este caso; en este sentido, señaló que este es un ejemplo, de que la ley y la justicia es para quien tiene recursos económicos.
“Eso también nos hace que nosotros como legisladores tengamos que darle nuevamente una revisada puntual a la ley (…) cuando se encuentra una laguna, siempre es una oportunidad y una ventanita para logar interpretar la ley y la justicia al modo”, aseveró.
En tanto, el diputado local por Morena, Mauricio Ruiz Olaes, subrayó que este caso “es la punta de iceberg” de la corrupción y consideró que esto se trató de “fuegos amigos” y de proyectos electorales para calmar a contrincantes.
“Claro que no es justo. Debe ser un caso ejemplar esta situación para que algún funcionario que decida, volver a cometer este ilícito, que pareciera que en Querétaro la corrupción es normal”, subrayó.
El legislador enfatizó que, con estas penas, la corrupción no se castiga en el estado, sino que “se premia” y dijo que, con el pago de nueve millones de pesos por la reparación del daño, se vuelve a las prácticas “viejas” de la política, donde personas que cometen ilícitos, no están en la cárcel y quienes “robaron un litro de leche”, están en las prisiones.
“Ojalá sea un tema ejemplar para que este tipo de corrupción no siga creciendo”, puntualizó.
