Los cambios en la Ley General de Comunicación Social son desproporcionales en el país, pues mientras el gobierno federal podrá destinar más de ocho mil millones de pesos a este rubro, hay municipios que no podrían ejercer ni 500 mil pesos en un año, subrayó José Báez Guerrero, diputado federal.
El legislador de Acción Nacional (PAN) recordó que como diputados ya presentaron su propia acción de inconstitucionalidad ante esta reforma, como parte del paquete de reformas del Plan B, y enfatizó que el objetivo que se percibe que tiene ésta es con fines político electorales.
“Nosotros, como legisladores, presentamos ya en su momento una acción de inconstitucionalidad contra el paquete de reformas del Plan B del presidente, entre ellas está obviamente llevar a la Corte el tema de la Ley de Comunicación Social que nos parece que persigue un fin político electoral por parte del gobierno federal para dar rienda suelta a todos sus funcionarios públicos en materia de comunicación”, señaló.
Báez Guerrero refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá una serie de controversias, a la que se sumó recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas la presentada por el grupo parlamentario del PAN en el Congreso federal y el partido a nivel nacional.
“Habrá una serie de argumentos que pasan desde respetar la autonomía de los municipios, por poner un ejemplo, ellos son libres de definir su gasto y sus finanzas y, por otro lado, las reformas que tuvo la Ley de Comunicación Social son totalmente desproporcionales”, señaló.
El legislador dijo tener conocimiento de que la Asociación Nacional de Alcaldes se sumará a presentar su propia acción de inconstitucionalidad para oponerse al Plan B y, en específico, a los cambios a la ley general de comunicación.
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“No hay un plazo, pero ojalá lo resuelvan pronto. Sí había un plazo para que éstos cambios que se dieran, entiendo el 27 de diciembre, que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), daban un plazo como de 180 días para que los municipios y los estados hicieran sus ajustes en sus leyes y reglamentos. La acción de inconstitucionalidad seguirá la suerte que determinen los ministros”, enfatizó.
