La LX Legislatura notificará a los Ayuntamientos de Querétaro y Celaya, así como al Congreso del estado de Guanajuato, sobre la doble residencia del candidato a la DDHQ Sergio Claudio Arellano Rabiela, informó Guillermo Vega Guerrero, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En entrevista, el funcionario señaló que como autoridad están obligados a compartir dicha información con sus homólogos, sobre todo tomando en consideración que el proceso para elegir a quien presidirá la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato está impugnado por algunos aspirantes, entre ellos Arellano Rabiela.
El legislador consideró necesario que las autoridades de ambos estados analicen si las constancias entregadas por las Secretarías de Ayuntamiento de dichos municipios estuvieron apegados a derecho y, de ser necesario, actúen legalmente conforme lo consideren.
“También estamos obligados a notificar al congreso del estado de Guanajuato de la participación de este aspirante para los efectos legales a que haya lugar en aquel estado. Ya se preparan el día de hoy esos documentos, estamos obligados, se enviarán a más tarde el día de mañana, es parte de la obligación que tenemos. Nos parece que es un asunto de especial interés, nos parece que es un tema de obligada revisión y de obligada intervención”, mencionó.
Vega Guerrero confirmó que la información le fue compartida, días antes, en un sobre cerrado dirigido a su persona; al respecto, mencionó que desconoce si el caso se trata de una guerra sucia entre aspirantes y refirió que lo que sí es que quien le compartió la información tenía el objetivo de que se conociera el contexto de la documentación entregada.
Agregó que la constancia entregada a la Legislatura establecía una residencia de ocho años en Querétaro, mientras que en diciembre de 2020 reportó en Celaya que tenía seis años de residencia en dicha ciudad. Cuestionado sobre por qué se permitió la participación de este candidato, el panista mencionó que como Legislatura actuaron de buena fe, como ocurrió con dos de los candidatos que no cumplían con la edad mínima requerida para participar.
“Uno de los requisitos que establece la convocatoria es la honestidad y en este caso la honestidad nace de decir y de reportar con verdad si tienes la residencia, si tienes los requisitos, tu plan de trabajo, tu experiencia. No me puedo adelantar por que tendrá que ser parte de un dictamen que se tendrá que tomar en la junta y procesarlo al pleno, lo que sí te diría, sin particularizar en este caso, es que hablar con la verdad suma y hablar con mentiras resta”, enfatizó.
Finalmente, sobre el proceso, consideró que fue amplio y rico en experiencias y ponencias, y recordó que el siguiente paso será discutir en la Jucopo la terna que se presentará al pleno de la LX Legislatura para elegir a la próxima o próximo titular de la Defensoría de Derechos Humanos para el periodo del 12 de febrero de 2022 al 11 de febrero de 2027.
