Por el delito de desempeño irregular de las funciones públicas fue sentenciado a cinco años de inhabilitación y prisión preventiva al exsecretario de obras públicas de la administración del exalcalde Marcos Aguilar Vega.

Benjamín Vargas Salazar, fiscal especializado en el combate a la corrupción, recordó que se trató de un caso que llevó varios años en litigio; indicó que la investigación se dio por la construcción de una obra en un predio particular.

“No siguieron los procesos que se debían de seguir conforme a la normatividad, y bueno, se acreditó la responsabilidad, por supuesto a la reparación del daño. En el norte de la ciudad, digamos, por el rumbo del Satélite, por ese rumbo de allá”, comentó.

Vargas Salazar detalló que la sentencia de prisión preventiva la conmutó con la reparación del daño por un monto de casi cinco millones de pesos, con lo que se concluyó el caso.

“¿Por qué se retrasó? Sí, claro, por los procedimientos que, bueno mecanismos de defensa que están plenamente reconocidos en la ley, que nosotros somos respetuosos de los mecanismos que ejerzan la gente que se encuentra imputada”, añadió.

Sobre el caso de corrupción en un programa social en la capital, refirió que siguen en proceso de investigación con una persona detenida y dos más en libertad bajo investigación.

“Precisar, yo creo que la palabra no es desvío, más bien es algunos funcionarios que tomaron dinero para su beneficio respecto a algunos programas sociales. Ahorita estamos en una etapa de investigación complementaria, es decir, son tres personas que están involucradas, la primera de ellas su investigación complementaria estaría venciendo el 21 o 22 de este mes y los otros dos imputados estarían venciéndose por ahí también del 21 o 22 de mayo”, mencionó.

Vargas Salazar recordó que, de las tres personas involucradas, solo una de ellas se encuentra en prisión debido a que no logró acreditar su arraigo en el estado, a diferencia de las otras dos personas.

“El tema de la prisión no es tanto por el hecho, sino por las condiciones personales de la persona. La persona que está privada de su libertad en este asunto es porque es una persona que no tenía un arraigo en el estado, de hecho, ustedes recordarán, la fuimos a detener hasta el estado de Hidalgo; las otras dos personas tienen un domicilio fijo aquí en el estado, entonces son perfectamente ubicables”, explicó.

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