Con opiniones encontradas, a favor y en contra sobre la privatización del agua, se llevó a cabo el foro de participación ciudadana para escuchar opiniones sobre las propuestas de iniciativas de ley de aguas presentadas por los partidos PRI, PAN y QI el pasado mes de marzo.
Mientras especialistas y activistas ambientalistas reiteraron que en las propuestas se carece de temas como una gestión integral del agua o la situación actual que enfrenta el estado en materia de agua, además de que lamentaron que no se tomara en cuenta su petición de un parlamento abierto; autoridades locales como la CEA, JAPAM y la Fecapeq refirieron que no se trata de una privatización del vital líquido y destacaron la urgencia de contar con una ley en Querétaro.
Durante el foro, Clara Margarita Tinoco Navarro, especialista en cuencas de la UAQ, señaló que las propuestas presentadas por los partidos políticos no responden al contexto estatal pues carecen de datos en torno a la situación que se vive con el agua en el estado de Querétaro, particularmente en cuanto a calidad y disponibilidad del agua.
Añadió que, en la entidad, seis de 12 acuíferos registran sobreexplotación, además de que las propuestas no contemplan escenarios críticos como la contaminación o cambio climático, y omiten aspectos claves de la gestión.
“Si hablamos de una ley de aguas el abastecimiento es solo una parte de la gestión integral del agua y la cuenca, por lo tanto se deben considerar aspectos importantes como el manejo integral del agua y de la cuenca, considerando el manejo de cuencas como una estrategia de gestión territorial puede favorecer y prevenir riesgos”, enfatizó.
Asimismo, apuntó que la propuesta del PAN propone una desconexión del servicio de agua ante la falta de pago, lo cual, enfatizó, va en contra de la Constitución Política. La ambientalista Elizabeth Durán Ruiz, en representación de más de 40 colectivos, coincidió que en las propuestas no se consideró una gestión integral del agua ni saneamiento, además de que se omiten disposiciones sobre el cuidado del agua.
“En suma, estas dos iniciativas no garantizan el derecho humano al agua potable, saneamiento y su manejo integral, hay que ponernos a pensar, fue un acueducto I, II, III, ¿por qué vamos escalando acueductos? Porque no hay una gestión integral del agua, esa es la base para una ley estatal de aguas”, puntualizó.
Joyce Teresa Valdovinos Ortega, investigadora del Conacyt, mencionó que en ambas iniciativas se da la facultad a la CEA de otorgar concesiones a largo plazo para prestar el servicio de agua al sector privado, sin determinar los mecanismos eficientes. “Las iniciativas de ley aquí presentadas parecen más una hoja de ruta para operacionalizar y fortalecer la gestión privada del agua más que una ley de aguas, la cual debe ser transparente e integral”, mencionó.
María de Jesús Ibarra Silva, ambientalista, comentó que con las propuestas se busca resolver un problema interno de la CEA, así como regular cómo se concesionará el proyecto del Acueducto III, con el que se dotará de agua a la zona metropolitana.
“¿Qué es lo que quieren resolver? Lo que quieren resolver es que dentro del plan estatal de desarrollo se pretende la construcción del Acueducto III mediante el cual van a traer aguas superficiales a la zona metropolitana y entonces quieren regular cómo van a concesionar ese servicio, porque lo dice la iniciativa, no es algo que yo estoy inventando”, subrayó.
Recordó que la postura en contra de ambientalistas y académicos de la UAQ se debe a diversas inconsistencias, entre ellas la regulación de la concesión de dicha obra que implicará una inversión de entre seis mil a 12 mil millones de pesos.
“Si es que queremos pasar al siguiente nivel, pasemos al siguiente nivel para el manejo integral del agua, no nada más para el otorgamiento de concesiones. Yo les hago un llamado a que no le generen un problema al gobernador, el gobernador lo que menos necesita en este momento es un problema con una ley estatal de aguas que no regula el derecho humano al agua y que puede causarles más problemas que beneficios”, abundó.
En tanto, Miguel Ángel Melgoza Montes, representante de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), aseveró que las propuestas buscan sentar las bases para habilitar un fortalecimiento institucional y refirió que el proyecto de iniciativa fue compartido con la dependencia para su análisis contemplando la planeación hídrica, derechos de los municipios, cultura del agua, creación de un consejo consultivo del agua, medios de impugnación para los usuarios, sanciones para contaminación y desperdicio del agua, entre otros.
“En una coincidencia que la Comisión Estatal de Aguas tiene con la comisión, no busca privatizar el recurso hídrico, otorga facultades necesarias a la comisión estatal para regular las concesiones del servicio que sean otorgadas”, afirmó.
Carlos Camacho Durán, representante de la JAPAM, y Viridiana Nava Rodríguez, vicepresidenta de la Fecapeq, coincidieron en que las propuestas de ley plantean la regulación de los organismos prestadores de agua, y destacaron la necesidad de contar con una normativa de ley de aguas que, incluso, permitiría realizar auditorías a las concesiones que se tienen en el estado.