El presidente del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos Méndez, aclaró que las acciones de internamiento de personas que presentan adicciones, por parte de los integrantes de la llamada “Patrulla Espiritual” -que se muestran en redes sociales-, no son ilegales, siempre y cuando se sigan los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 028.
Explicó que dicha norma permite a cualquier ciudadano poder a internar en un centro de combate a las adicciones, a una persona adicta que se encuentre en situación de calle, cuando su vida o la de su entorno están en peligro.
"Cualquier persona, con la debida autorización de un familiar, puede solicitar el ingreso de un adicto a un centro de rehabilitación", afirmó Ríos.
La “Patrulla Espiritual” corresponde a un grupo de personas que recorren las calles de una zona específica e identifican a personas con adicciones que no han comido, se encuentran en mal estado de salud y los envían a un centro de internamiento.
En razón a ello, Ríos Méndez subrayó que, actualmente, no existe un registro específico de la “Patrulla Espiritual” en Querétaro, ni se tiene información detallada sobre sus operaciones o los centros con los que colabora.
“No los hemos visto aún, pero si los vemos los saludamos, a fin de cuentas, hacen la misma labor de ayudar a la gente, por lo general cuando se hace es porque el familiar autoriza el ingreso de la persona y de hecho para la salida es lo mismo”, mencionó el funcionario.
El funcionario estatal señaló que en la mayoría de los casos, los familiares son quienes autorizan tanto el ingreso como la salida de la persona internada en los centros de rehabilitación.
El Consejo Estatal Contra las Adicciones ha registrado 244 centros de rehabilitación en el estado de Querétaro, y varios más están en proceso de regularización. Estos centros operan bajo una estricta supervisión, en colaboración con instituciones como Protección Civil y la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, para garantizar que cumplan con los estándares de atención y seguridad.
“Nosotros no clausuramos centros, pero hacemos observaciones y trabajamos con las autoridades competentes para que aquellos que no cumplan con la normativa, dejen de operar”, apuntó Ríos Méndez.
Sobre los incidentes en algunos centros no regulados, Adolfo Ríos insistió en que la supervisión es clave.
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“El principal reto es la identificación y localización de aquellos centros que operan de manera irregular. Al no tener un registro oficial, es difícil saber dónde están y cómo operan”, mencionó.
