No se encontró responsabilidad en el proceso de investigación de los cuatro funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) que fueron señalados por el movimiento estudiantil Facultades Unidas; sin embargo, se emitieron recomendaciones por parte del Programa Universitario de Derechos Humanos.

Estudiantes voceras de la organización estudiantil reconocieron que las pruebas no fueron presentadas ante la institución; sin embargo, aseguraron que el paro fue una evidencia de que la comunidad no confía en los procedimientos de la UAQ.

Consejeras estudiantiles y docentes externaron sus dudas sobre la forma en la que los abusos pueden probarse, sobre lo que la consejera de la Facultad de Derecho explicó que hay procedimientos periciales psicológicos y médicos para aportar elementos probatorios, además de que cuando se trata de presuntos delitos, el castigarlos penalmente no es una facultad de la institución educativa.

De acuerdo con el informe presentado en la sesión ordinaria del Consejo Universitario por la Comisión de Asuntos Jurídicos, no se encontraron pruebas de hecho. Sin embargo, la entidad del organismo universitario recomendó tomar medidas de prevención debido a la naturaleza de las acusaciones en contra de los funcionarios.

La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, expresó que los señalamientos fueron muy genéricos sobre los que se investigó; añadió que, aunque ella preside la Comisión de Asuntos Jurídicos, delegó su participación para evitar posibles conflictos de interés, puesto que los investigados son parte de su equipo de trabajo.

“Yo no participé, pero sé que tuvieron discusiones de muchas horas de trabajo y que parte de lo que se discutió fue sobre qué tenía que hacer la Universidad en este caso, pero no teníamos herramientas porque no tenemos denuncia”.

García Gasca pidió empatía y solidaridad para llegar a acuerdos; asimismo, señaló que todos los procesos son perfectibles y que se ha trabajado sobre la marcha. Aunque se estableció un periodo para evaluar las pruebas, expresó que eso no limita que posteriormente se presenten nuevos procedimientos.

“Hay que reconocer que nos falta cultura de la denuncia, en ambas partes, tanto de quien pone una denuncia como quien recibe una denuncia pueda ser empático y tener la capacidad de recibirla y de procesarla correctamente”.