/ lunes 9 de septiembre de 2024

Abogados llevarán a la CIDH la reforma judicial

Señalan que elegir a los jueces por voto popular podría llevar a la politización del sistema judicial, afectando su imparcialidad.

En un intento por detener la Reforma al Poder Judicial en el país, juristas de Querétaro han decidido acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El principal argumento de los abogados radica en que la reforma comprometería la independencia del Poder Judicial, un pilar esencial en la defensa de los derechos fundamentales, afirmaron.

Norberto Alvarado Alegría, presidente del Colegio Estatal de Doctores y Posgraduados en Derecho y Ciencias Jurídicas de Querétaro, destacó que el proyecto de reforma aún no ha sido aprobado, pero confía en que los legisladores de oposición actúen en defensa de la autonomía judicial.

“Esperamos que se valore la importancia de la independencia del sistema judicial, sin caer en presiones políticas”, expresó Alvarado.

El recurso será presentado durante la visita de Nancy Hernández López, presidenta de la CIDH, quien estará en Querétaro para una conferencia en el Tribunal Superior de Justicia. En dicho encuentro, los abogados aprovecharán para hacer entrega formal de la solicitud con el fin de que el organismo internacional intervenga.

Entre las preocupaciones de los abogados está la propuesta de elegir a los jueces por voto popular. Según ellos, esto podría llevar a la politización del sistema judicial, afectando su imparcialidad. Agustín Dorantes Lámbarri, senador que ha impulsado el recurso, manifestó su preocupación.

“El papel de los jueces es garantizar derechos, no responder a la agenda de mayorías o minorías políticas".

Por otro lado, Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, insistió en que la reforma podría quebrantar la división de poderes al colocar a los jueces bajo una dinámica política que vulneraría su autonomía. “La independencia judicial es fundamental para garantizar que los derechos humanos sean protegidos sin interferencias políticas”, subrayó Portos.

Los abogados también argumentan que la propuesta no aborda las carencias en las fiscalías, un aspecto clave para la correcta operación del sistema de justicia.

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En un intento por detener la Reforma al Poder Judicial en el país, juristas de Querétaro han decidido acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El principal argumento de los abogados radica en que la reforma comprometería la independencia del Poder Judicial, un pilar esencial en la defensa de los derechos fundamentales, afirmaron.

Norberto Alvarado Alegría, presidente del Colegio Estatal de Doctores y Posgraduados en Derecho y Ciencias Jurídicas de Querétaro, destacó que el proyecto de reforma aún no ha sido aprobado, pero confía en que los legisladores de oposición actúen en defensa de la autonomía judicial.

“Esperamos que se valore la importancia de la independencia del sistema judicial, sin caer en presiones políticas”, expresó Alvarado.

El recurso será presentado durante la visita de Nancy Hernández López, presidenta de la CIDH, quien estará en Querétaro para una conferencia en el Tribunal Superior de Justicia. En dicho encuentro, los abogados aprovecharán para hacer entrega formal de la solicitud con el fin de que el organismo internacional intervenga.

Entre las preocupaciones de los abogados está la propuesta de elegir a los jueces por voto popular. Según ellos, esto podría llevar a la politización del sistema judicial, afectando su imparcialidad. Agustín Dorantes Lámbarri, senador que ha impulsado el recurso, manifestó su preocupación.

“El papel de los jueces es garantizar derechos, no responder a la agenda de mayorías o minorías políticas".

Por otro lado, Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, insistió en que la reforma podría quebrantar la división de poderes al colocar a los jueces bajo una dinámica política que vulneraría su autonomía. “La independencia judicial es fundamental para garantizar que los derechos humanos sean protegidos sin interferencias políticas”, subrayó Portos.

Los abogados también argumentan que la propuesta no aborda las carencias en las fiscalías, un aspecto clave para la correcta operación del sistema de justicia.

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