Es un hecho cada vez más palpable, en las distintas esferas sociales y de actuación de la comunidad como de los poderes públicos, la necesidad de que las políticas públicas generen los beneficios esperados desde el corto plazo pues la sociedad de nuestros tiempos ya no está para dilaciones.
Esta demanda está atada a la urgencia de contar con un buen gobierno, entendido como aquel cuya gestión es abierta, dando la cara, transparente y comprometida con los factores críticos que condicionan la vida diaria.
Con una forma moderna, eficiente y con sentido definido en la práctica dela gestión pública. Es el único camino viable capaz de llevar consigo las mayores cuotas de libertad, prosperidad e igualdad.
Y ello debe estar contenido en la agenda política, mediática e institucional.
Querétaro aceleró la convergencia con otros estados e incluso países de nuestro entorno porque entramos a un mundo globalizado y nos volvimos ejemplo nacional, e incluso referente internacional, al ser la entidad del país que todos quieren, porque podemos decir con certeza que vivimos un claro estado de derecho generador de paz y seguridad.
En nuestros tiempos, menospreciar el Estado de Derecho, y con ello salir a medios a debatir las acciones legales que toma el Gobierno del Estado, son batallas perdidas.
La aplicación de la Ley no requiere explicación de ninguna índole. Y debemos tener claro que Querétaro es el México que todos quieren, es decir el modelo de sociedad al que muchos mexicanos han aspirado de manera legítima.
Y es que hay formaciones políticas que se adjudican la defensa de la Constitución, pero no siempre la cumplen. El Estado de Derecho es una virtud que no todo gobierno es capaz de perseguir o que habiéndola encontrado tenga la voluntad para ejercerlo.
Responder al pueblo en los tiempos actuales, es tarea de valientes y líderes con gran voluntad política mientras algunas fuerzas políticas parecen empeñadas en retroceder.
En Querétaro sí podemos decir que tenemos un Estado de Derecho, que se respeta porque el interés general está por encima de los intereses de grupos o de facciones.
Aquí se entiende perfectamente que todo ello exige renovar y fortalecer el consenso de la legalidad, y no sólo para dar respuesta a los grandes desafíos, sino para reforzar y ampliar aún más nuestro marco de convivencia.
El conocimiento de la Constitución y el respeto a las leyes, constituye el eje central de la educación pública de nuestros hijos.
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