El presidente López Obrador ha anunciado que el gobierno pasará de la “Austeridad Republicana” a la “Pobreza Franciscana”.

El problema de fondo de esta decisión es que conforme se recortan áreas gubernamentales o funcionarios calificados, la calidad en la provisión de bienes y servicios públicos puede verse gravemente lastimada.

Desde el principio de la actual administración, la decisión estratégica en la que se enfocó el gobierno para mantener un equilibrio en las finanzas públicas, fue la de hacer recortes profundos al gasto público.

La llamada “Austeridad Republicana” implicó, que la administración pública ha sido reducida por decretos presidenciales y cambios en la normatividad interna, con la desaparición de 43 organismos, subsecretarías e institutos clave para el país.

Estas decisiones impactaron en los más diversos rubros, desde fallas en la adquisición de medicamentos y equipo, hasta ineficiencias en la producción de materiales de enseñanza para centros educativos.

Pero paralelamente incrementó los costos de las obras prioritarias, por ella la Secretaría de Hacienda autorizó otros 22 mil 500 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas.

Aunque este proyecto originalmente costaría 6 mil millones de dólares, se ha actualizado continuamente, hasta alcanzar la cifra -según estimaciones- de unos 18 mil millones de dólares.

Por su parte, el costo del Tren Maya aumentó en más de 172 por ciento, al pasar de 150 mil millones de pesos, en 2018, a más de 409 mil millones de pesos, en 2022.

El monto actualizado fue informado por el propio presidente López Obrador, durante su conferencia matutina, quien aseguró que la obra de infraestructura habría alcanzado un costo de 20 mil millones de dólares.

Lo preocupante realmente son las proyecciones para 2023 que indican que debido a la recesión que empieza a experimentar la economía estadounidense, México podría enfrentar un momento difícil en torno al crecimiento de su (PIB).

Una menor proyección de crecimiento implicaría, a la vez, una disminución en los ingresos que percibirá el gobierno por motivo de impuestos.

Si a esta situación le sumamos que los proyectos insignia de la actual administración cuestan más, es claro por qué la contabilidad financiera no cuadra. Más requerimientos presupuestales para los mega proyectos, frente a una menor recaudación fiscal.