El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, aseguró que los operativos en negocios de reciclaje conocidos como “chatarreras”, no son por un tema de persecución, ni de cacería, sino de legalidad y orden.
Recordó que desde hace algunos días realizaron operativos en establecimientos de reciclaje en distintos municipios del estado, con autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado, ordenados por autoridades judiciales.
En el municipio de Querétaro se realizaron un total de 28 clausuras a establecimientos de reciclaje -17 clausuras el primer día, y 11 en el segundo día-, principalmente por falta de licencia, no cumplir con el giro, invasión en vía pública y por incumplimientos en materia de protección civil.
Puntualizó que el tema de la mercancía robada no le corresponde revisar al Municipio de Querétaro, y que durante los operativos en la capital no hubo mercancía decomisada ni detenidos.
Mencionó que después de la manifestación del lunes se entabló un diálogo con los representantes de las “chatarreras, a quienes les solicitó que cada negocio deberá acercarse en lo individual con las autoridades, para subsanar cualquier eventualidad.
"No es un tema de persecución, ni de arbitrariedad, es un tema de legalidad y orden, así se lo hemos expresa a ellos y ellos también entienden esta parte, nosotros lo que invitamos, es que cada negocio se acerque en lo individual para cumplir cualquier eventualidad que pudieran tener", dijo.
Señaló que tienen detectadas 44 establecimientos de reciclaje en la capital, algunas de las cuales estuvieron cerradas durante los operativos, motivo por el cual dijo que continuarán los operativos en estos establecimientos.
Agregó que los responsables de estos establecimientos quedaron de acercarse con la autoridad, esta y la siguiente semana para presentar su documentación, y agregó que el pliego petitorio de los manifestantes está en revisión.
“Tienen que cumplir para poder abrir, y que se acerquen de manera individual a revisar caso por caso para poderlo establecer”, dijo.
Sobre posibles nuevas manifestaciones, puntualizó que estamos en un estado de derecho y las manifestaciones no resuelven los problemas. También consideró que se deberá cuidar no caer en un delito. Afirmó que el diálogo con los manifestantes queda abierto y permanente.
“Lo que necesitamos es sentarnos en una mesa y resolverlo para establecer bien cuáles son esos criterios, y de manera contundente decirlo, vamos a seguir con esta estrategia, no es una cacería para nadie, simplemente es un tema de orden y de legalidad”, afirmó.
En su oportunidad, el director de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Francisco Ramírez Santana, puntualizó que la suspensión de actividades en materia de protección civil no es una sanción, sino que es para evitar riesgos.
Reiteró que los responsables de los establecimientos suspendidos tienen que acercarse de manera individual para subsanar las observaciones señaladas, como es la falta de extintor o malas condiciones de la instalación eléctrica.
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Informó que durante el 2023 se han emitido 20 mil vistos buenos, y se han realizado 431 visitas a establecimientos, que han generado 149 suspensiones. Las multas a los establecimientos van desde 50 a 60 mil, hasta más del medio millón de pesos, según la falta cometida y reincidencias.