Ante la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado (TEEQ) para que le sean devueltos los derechos partidistas a Ángel Balderas Puga, Carmen Ortega, quien fue una de las militantes que lo denunció por violencia política en razón de género, señaló que esta decisión sólo aplaza la estancia del morenista en el partido y obstaculiza el trabajo partidista.
Desde el mes de octubre se dio a conocer que Balderas Puga perdería sus derechos partidistas en Morena por seis meses ya que fue sancionado por violencia política en razón de género, y fue inscrito durante cinco años en el registro estatal de sancionados; de acuerdo con la resolución del expediente CNHJ-QRO-2254/21 y Acumulados, la denuncia fue interpuesta por Erasmo García Flores, Celia Maya García, Sara Martínez del Toro, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, Jesús Manuel Méndez Aguilar, María del Carmen Gómez Ortega y Joaquín Arturo Hernández Soto, tras comentarios que hizo Balderas Puga contra una candidata del partido.
Sin embargo, el lunes 7 de diciembre el TEEQ resolvió levantar “momentánea e inmediatamente”, la suspensión de derechos que le había impuesto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por seis meses.
De acuerdo con los militantes que denunciaron al también consejero estatal de Morena, el cumplimiento de la sentencia apenas llevaba 52 días, y sus derechos partidistas le fueron devueltos presuntamente para la sesión del Consejo Estatal del Partido que se realizó la semana pasada, y en donde pudo ser sustituto de su cargo dentro del partido.
“La primera ocasión en que intervino devolviéndole a Balderas Puga sus derechos, después de haber sido condenado a ser dado de baja del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, lo hizo justamente unos cuantos días antes de que se realizara el proceso interno para renovación de dirigencia del partido”, se lee en el comunicado.
Explicó que además de la restitución de sus derechos partidistas, el Tribunal ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que en un plazo no mayor a cinco días a partir de la notificación de la sentencia, deberá emitir una nueva sentencia en la que esté de manera clara y precisa los motivos de la sanción.
“Lo anterior, como si no fuera suficiente el haberle comprobado diversos actos de Violencia Política de Género cometidos durante el pasado proceso electoral, en por lo menos 20 variables de violencia, razón por la que aparece su nombre inscrito en Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres”, refirió.
Subrayó que podría haber posible intervención en el órgano electoral, de parte de los gobiernos panistas.
