Será en la próxima Legislatura federal en la que se aborde la discusión y aprobación de la Ley General de Aguas de México, pues en la actual no se tenía la mayoría para hacer reformas Constitucionales, indicó Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), quien recordó que el objetivo es garantizar, en la Constitución, que el agua es un derecho humano y que el estado sea el único responsable de proveer agua potable.
El también senador electo reconoció que la propuesta legislativa se “quedó atorada”, pues señaló que la oposición bloqueó las reformas constitucionales del país; sin embargo, se dijo a la espera de las resoluciones de impugnaciones electoral para alcanzar la mayoría calificada y poder legislar al respecto.
“Nosotros tenemos una ley pendiente a nivel federal por resolver, tendrá que hacerlo la nueva Legislatura de manera urgente, pero se tiene que acabar el negocio con el tema del agua, las empresas privadas, desde mi punto de vista, no tienen cabida”, precisó.
Recordó que, junto con la ley de aguas, hay 20 iniciativas enviadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y cuatro de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que deberán abordarse en la próxima Legislatura.
“Lo que hubo fue que la oposición estaba bloqueando cualquier posibilidad de reforma constitucional, hoy no tendremos ese problema y vamos a tener entre 2024 y 2027 todas las reformas Constitucionales y la del agua es importantísima”, externó.
En rueda de prensa, Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República, subrayó que se busca evitar que haya un negocio en torno al agua y recordó que, por ejemplo, una vez aprobada la denominada ley de aguas de Querétaro se autorizó una concesión de agua en el municipio de Corregidora, además de que lamentó que recientemente se subió el costo en la tarifa del servicio en la entidad.
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Herrera Ruiz externó que, a nivel nacional, en los últimos 18 años, hay más de 300 mil concesiones de agua, mientras que en lo local se tiene conocimiento de más de 18 inmobiliarias que tienen concesiones bajo el argumento de que el estado no puede proporcionar el servicio.
“Sí está privatizada el agua, es un hecho, la ley ahí lo dice, que un privado puede dar y la ley lo dice que si una comunidad como La Luz técnicamente la CEA o el privado dicen no es posible, no están obligados a dar el agua, cuando es un derecho y, por lo tanto, el estado debe estar obligado”, aseveró.
