Bernardo Romero Vázquez, expresidente de la DDHQ, solicitó a la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ) que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro.
Romero Vázquez afirmó que dicha ley, publicada el pasado 21 de mayo en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, violenta el derecho humano al agua consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, aseveró que, en su proceso de aprobación y publicación se omitió atender el mandato del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, es decir el Acuerdo de Escazú, con relación a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y al tratarse de un derecho humano.
“Que la defensoría solicite a la corte que declare inconstitucional esta ley que es a todas luces inconstitucional, porque la ley que se publicó la semana pasada sobre agua lo que hace es concesiona, es decir privatiza, concesionar es entregarle a los particulares el servicio”, indicó.
El académico y especialista de la UAQ apuntó que esta ley lo que permite es que las autoridades concesionen el agua pese a que se tenga la infraestructura para dotar de este servicio, lo cual calificó como grave y advirtió que no se puede negociar con un bien de la nación. Apuntó que a través de las concesiones de agua quien accede más a este recurso natural son las personas ricas, mientras que los pobres seguirán careciendo del vital líquido.
“Los particulares lo que van a hacer es hacer negocio y le van a dar agua a los ricos y a los pobres nunca les van a dar. La comisión de aguas lo que hace es otorgarnos el agua y cobrar diferenciadamente, los que gastan más agua paga más y con eso se compensa la gente pobre que gasta poca agua y se le cobra menos”, expresó.
Romero Vázquez comentó que la Defensoría de Derechos Humanos cuenta con un mes para presentar dicha acción de inconstitucionalidad a partir de la fecha de publicación, que fue el pasado 21 de mayo, y refirió que en caso de no tener respuesta favorable se interpondría la solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de la posibilidad de presentar amparos.
“Si no hacen nada evidencian de qué lado están, la defensoría, y eso es un reclamo social que tenemos que hacer, pero por supuesto está el recurso ante la comisión nacional y hay que hacerlo, también la comisión nacional puede hacer esto. Hay amparos y recursos ante el tribunal con base en la ley de justicia constitucional de Querétaro”, indicó.