Representantes del Frente Feminista Nacional y diversos colectivos de mujeres reiteraron su llamado en contra de la Ley Garrote, llamadas así las reformas aprobadas por el Congreso local para atender la pandemia de Covid-19, debido a que conciben la protesta social como un delito y buscan criminalizar a las colectivas feministas.

La activista Dalia Banda Flores advirtió que la reforma al artículo 221 del Código Penal, y que sanciona de tres a seis años de prisión a quien convoque, organice, promueva o difunda la coordinación o ejecución de saqueos, daños, robos o cualquier acto violento, es un mecanismo legal para hacer retroceder la protesta feminista y desarticular al movimiento.

Esto debido a que dijo: “busca criminalizar a nuestras colectivas convocantes de marchas y acciones públicas, presentándonos como incitadoras al delito”, ya que imponen hasta nueve años de prisión a quien cause daños a bienes de uso o utilidad pública.

“La situación mundial que atravesamos no debe ser utilizada como un pretexto para aumentar el poder coactivo de los estados sobre las diversas expresiones públicas de sectores históricamente vulnerados”, advirtió.

Banda Flores alertó que estas reformas se aprobaron “al vapor” y aprovechando la situación de la pandemia, por lo que instó al gobernador Francisco Domínguez Servién a no aprobar esta legislación, ya que, de entrar en vigor, se tendría que presentar una acción de inconstitucionalidad.

Adelantó que diversas organizaciones ya sostuvieron una reunión con Roxana Ávalos Vázquez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado (DDH), organismo que realiza una investigación sobre estas reformas.

“Lo que menciona es que están realizando una investigación exhaustiva y sí encuentra ella elementos. Una postura como tal, no pudo tomar (…) mencionó que su equipo está priorizando el tema”, dijo.