El 85 por ciento de las personas que son detenidas en el estado de Querétaro resuelve su situación en los Juzgados Cívicos y sólo el 15 por ciento llega al Ministerio Público, de acuerdo con datos del reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) con datos de 2023.
La lista publicada de las entidades, bajo este concepto, indican que Querétaro es el séptimo con 18 mil 417 personas puestas disposición de alguna autoridad, de las cuales 15 mil 591 logran resolver ante la Justicia Cívica, y 2 mil 826 son remitidas ante el Ministerio Público.
Aguascalientes es la entidad que está a la cabeza con 98 mil 860 personas detenidas, de las que 92 mil 578 arreglan la situación en Juzgados Cívicos y 6 mil 282 llegan a un Ministerio Público; es decir, el 6.3 por ciento.
Luego, en segundo sitio está la Ciudad de México, donde se menciona que 93 mil 368 personas fueron detenidas y que quienes llegaron al MP son el 28 por ciento; o sea, 26 mil 354. Aguascalientes y CDMX concentraron 41.2 por ciento del total de puestas a disposición de personas ante la autoridad de Justicia Cívica y el Ministerio Público
Siguen Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro. Las entidades en las que se afirma que hay menos detenciones son Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa.
La gráfica del CNSPE muestra que en 2023 en todo el país el registro de personas detenidas fue de 466 mil 825, contra 453 mil 485 del año 2022. Esto quiere decir que el incremento fue del 3 por ciento.
En 2023, el personal adscrito a las instituciones de seguridad pública estatales realizó 466 mil 825 puestas a disposición de personas. Del total, 68.5 por ciento tuvo lugar ante la autoridad de justicia cívica y 31.5 por ciento ante el Ministerio Público. En comparación con 2022, el total de puestas a disposición de personas, aumentó 2.9 por ciento.
Los datos agregan que, en las puestas a disposición de personas realizadas ante la autoridad de justicia cívica, se registraron 320 mil 273 presuntas faltas cívicas. Respecto al tipo de falta, 31.7 por ciento correspondió a generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas. En comparación con 2022, el total de presuntas faltas cívicas registradas aumentó 13.2 por ciento.
Algunas de las faltas que se consideraron en la evaluación de seguridad son: Generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, consumir bebidas alcohólicas en la vía o lugares públicos, consumir sustancias que provocan dependencia en la vía o lugares públicos, conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado e impedir el uso de la vía pública y/o la libertad de tránsito de las personas, sin causa justificada.
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Otros, como reñir, incitar o provocar a reñir con una o más personas, deambular en estado de ebriedad o drogado ocasionando molestias a las personas o a sus bienes, alterar el orden en espectáculos y/o eventos deportivos, agredir verbalmente o humillar a cualquier persona y colocar sin autorización puestos ambulantes o instrumentos comerciales en las banquetas o vías de circulación vehicular.