Diputados de Morena señalaron que, de acuerdo con información proporcionada por los mismos ejidatarios, en 2008 hubo venta de terrenos en la zona de Peña Colorada por más de 132 mil millones de pesos, pagos que se hicieron por medio de Libertad Servicios Financieros.
El diputado Mauricio Ruiz Olaes (integrante de la Comisión de Medio Ambiente) expresó que es “curioso” que el pago por las tierras se haya hecho a través de una empresa que actualmente tiene demandas de presunto lavado de dinero y fraude, razón suficiente por la que concluyen que por eso el PAN no ha querido acceder a las mesas de diálogo con los ejidatarios.
“Por qué no han querido hacer estas mesas de diálogo donde los compañeros tienen voz, son dueños de sus tierras y tienen todo el derecho de defenderlas. Falta de calidad moral que tiene el PAN con el tema del Medio Ambiente cuando sus propias administraciones son las que han talado muchos árboles”.
El diputado que demeritó el peso jurídico del exhorto que ingresaron los diputados Abigail Arredondo y Agustín Dorantes, dijo que no entiende por qué insistir en que se desahogue el tema en Comisión, si el tema ya es del conocimiento de los tres niveles de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido el coordinador nacional de Central Campesina Cardenista, Carlos Moreno, que desde hace 6 años han asesorado a los nueve ejidos involucrados en el tema de Peña Colorada, compartió que a pesar de que el gobernador Francisco Domínguez Servién ha declarado que está dispuesto a abrir las puertas a cualquier persona que pertenezca al polígono, para dialogar, ninguna autoridad se ha acercado a ellos.
Durante la participación de representantes de los ejidos de Chichimequillas, San Vicente Ferrer, Tierra Blanca, El Salitre, San José, Jurica, San Francisco, Santa Rosa y San Pedrito el Alto, coincidieron que no están negados al decreto federal, siempre y cuando se les tome en cuenta y llegar a una negociación.
“No estamos están en contra de la naturaleza, están a favor de la conservación de los recursos naturales y como tal pensamos que lo mínimo que pueden hacer las autoridades es consultarlos y que como dueños de los terrenos expresen su consentimiento o rechazo”.