Luego de que el Fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, diera a conocer que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encuentran bajo medidas cautelares por homicidio culposo, tras la muerte de una persona en las instalaciones del Juzgado Cívico de la delegación Epigmenio González; el alcalde, Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que los policías actuaron conforme a protocolo.
Manifestó su respaldo a los mismos, pese a que ,dijo, que este incidente ocurrió durante la administración municipal anterior, el pasado 3 de septiembre, donde una persona falleció en inmediaciones del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en avenida Tláloc.
“Estamos convencidos de que los elementos actuaron bajo los protocolos establecidos. Sin embargo, seremos respetuosos del curso de la investigación. Nuestra administración está brindando todo el respaldo jurídico necesario a los involucrados y colaboraremos con lo que la Fiscalía requiera”, señaló Macías Olvera.
El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado y derivado de los avances, se informó que la necrocirugía de ley llevó a la vinculación a proceso de los dos elementos bajo el cargo de homicidio culposo.
El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó la judicialización del caso y afirmó que los elementos vinculados se encuentran bajo medidas cautelares. No obstante, el alcalde queretano reiteró que hasta el momento no se ha acreditado ninguna conducta irregular y que confía plenamente en la actuación de los policías.
Macías Olvera también destacó que los protocolos de actuación en los Juzgados Cívicos y la corporación policial son constantemente evaluados, asegurando que la capital cuenta con altos estándares de certificación policial.
“Somos número uno en certificación y evaluación de desempeño a nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, indicó.
Asimismo, el edil subrayó que ha instruido al secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, y al órgano interno de control a mantener una vigilancia permanente sobre las actuaciones tanto de los Juzgados Cívicos como de la policía.
“La auditoría y supervisión son permanentes; nuestra prioridad es garantizar la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, agregó.
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El caso ha generado un debate público sobre la actuación de los servidores encargados de la seguridad y el trato hacia las personas bajo custodia. Aunque el incidente ocurrió en la administración pasada, el municipio ha reiterado su compromiso de actuar con transparencia y colaborar con las instancias de justicia.