Héctor Miguel Hernández, director de Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro, informó que durante las festividades patrias se aplicarán sanciones administrativas a quienes porten, transporten o utilicen pirotecnia sin los permisos correspondientes.
Las multas y sanciones van de los 3 mil 500 pesos hasta los 30 mil pesos y el arresto podría ser de hasta 36 horas. Dichas sanciones están establecidas en el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro, y se impondrán a aquellos que infrinjan la normativa.
“El artículo 31 del reglamento contempla como infracción portar o usar sin precaución objetos o sustancias peligrosas, como lo es la pirotecnia. Las sanciones van desde una multa de 3 mil 500 hasta 30 mil pesos, arresto administrativo de hasta 36 horas o jornadas de trabajo a favor de la comunidad", señaló Hernández.
El año pasado, en los Juzgados Cívicos se sancionaron a cuatro personas por percutir o encender pirotecnia y a siete por el transporte o la portación de estos productos sin autorización.
"Este año esperamos que la colaboración con las autoridades ayude a disminuir estas cifras y garantizar que las festividades se desarrollen sin incidentes", indicó Hernández.
El director destacó que la simple transportación de artefactos pirotécnicos ya constituye una falta administrativa, y cualquier persona que sea sorprendida con estos objetos será sancionada.
“El uso y transporte de pirotecnia, aunque no se enciendan, implica una infracción. Estaremos coordinados con la Policía Municipal y Protección Civil para atender estos casos", afirmó.
El funcionario también subrayó que las festividades del 15 y 16 de septiembre no son una "noche libre" y que se aplicará el reglamento de justicia cívica de manera estricta.
“No existe una situación de excepción. Las leyes se aplican igual que cualquier otro día, y las personas que infrinjan las normas serán sancionadas", dijo.
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Estas actividades se sumarán a las actividades que realicen las distintas dependencias durante las celebraciones patrias en la entidad; de acuerdo con el funcionario municipal, una vez que las personas son arrestadas por el personal policial y reconocen que recurren en la ilegalidad.
“Cuando llegan ante el juez cívico, lo único que pueden hacer es pedir un poco de tolerancia, pero se les informa que no es posible que se tiene que aplicar la Ley de manera correcta y se impone una sanción correspondiente”, señaló.
