De las 216 mil 755 mujeres y niñas que accedieron a un aborto legal en el país del año 2007 al 2019, 593 eran originarias de Querétaro, de acuerdo con el Sistema de Información de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del gobierno de la Ciudad de México.
La violencia de género, señala el informe “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, es una de las causales más relacionadas con el embarazo en las menores mexicanas.
Desde abril del 2007, fecha en la que se permitió la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas en la capital del país, hasta el 26 de septiembre de 2019, 216 mil 755 usuarias han accedido al aborto, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.
La mayoría de las mujeres atendidas eran originarias de la capital del país, 150 mil 737; seguido de 57 mil 564 del Estado de México; mil 349 de Puebla; mil 180 de Hidalgo y de Querétaro, 593 usuarias.
La mayoría, el 46.6%, tenían de 18 a 24 años, el 22.9% de 25 a 29 años, el 13.7% de 30 a 34 años y solo 11.1% de 35 a 54 años; sin embargo, también se han atendido a usuarias menores de edad.
El 5%, y que representa a alrededor de 10 mil 838 jóvenes tenían de 15 a 17 años y el 0.7%, un estimado de mil 517, eran niñas de 11 a 14 años de edad.
ABUSO SEXUAL
María Fernanda López Gallegos, representante en Querétaro de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, advierte que al mantenerse la penalización del aborto, las niñas y mujeres ponen en riesgo su vida y se enfrentan a un bloqueo para acceder al derecho humano a la salud.
De acuerdo con el informe de “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, de la organización internacional Ipas, en el país, en 2016 se registraron 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 y 14 años.
Aunque, de acuerdo con este documento, las causas del embarazo adolescente y de niñas son diversas, este puede ser el reflejo “de la marginación y presiones de compañeros, pares, familias y comunidades”, además es el resultado de violencia y coacción sexual o de prácticas nocivas como el matrimonio infantil.
Al respecto, López Gallegos explica que las niñas o jóvenes que resultan embarazada producto de una violación, tienen dos opciones para acceder a interrumpir estos embarazos: en contextos donde la violación es un tema tabú, las gestaciones continúan y las menores sufren múltiples violencias, al tener que convivir, incluso, con los agresores.
La segunda opción es que se trasladen a la Ciudad de México para acceder al aborto legal, sin embargo, enfatiza, esto es un privilegio, ya que no todas tienen la posibilidad de viajar a la capital o no conocen que tienen el derecho a acceder a la interrupción del embarazo en estos casos.
“Todas esas violaciones se quedan en la omisión (…) están obligando a las mujeres a continuar con sus embarazos”, lamenta.
QUERÉTARO, CON RESTRICCIONES ANTE EL ABORTO
De acuerdo con el Código Penal del Estado, el aborto en Querétaro está penalizado de uno a tres años de prisión y no es punible cuando sea resultado de una violación o causado “por la culpa de la mujer embarazada”, es decir, que sea accidental.
Aunque en el Congreso de Querétaro, se discute una iniciativa que ampliaría causales para acceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, esta fue rechazada en la Comisión de Puntos Constitucionales y aún está pendiente de discutirse por el pleno.
López Gallegos reconoce que el aborto ha sido un tema difícil para los legisladores, principalmente por estar relacionado con posturas personales y partidistas; al mantenerse en la Legislatura actual, una mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), la activista reconoce que el panorama no es favorable.
“Les ha costado mucho trabajo entrarle (…) Ojalá que las y los legisladores, de una vez por todas, pudieran entender que no se trata de tema personal (…) Los derechos humanos no se pueden negociar, los derechos humanos se defienden, porque tienen que ver con la vida de las mujeres”, enfatiza.
La activista añade que, a esto se le suma que, en el estado, tampoco está contemplada como causal para practicarse el aborto, cuando esté en riesgo la vida de una mujer, por lo que advierte, en la entidad no hay ninguna ley que proteja a quienes enfrentan esta situación.
“Para el Estado y para las leyes, es preferible que una mujer pierda la vida, antes de practicar una interrupción del embarazo que le permita salvaguardar su vida”, añade.
El rechazo hacia la interrupción del embarazo, para la activista, está relacionado con la moralidad y la falta de información y, por lo tanto, los legisladores deberían acceder a información científica y segura respecto al aborto.
“…que dejen de legislar nada más para el contentillo, para el beneficio de un sector de la sociedad: el sector eclesiástico y el sector de una sociedad moralista, machista y misógina que no está a favor de que las mujeres podamos vivir una vida digna, una vida libre de violencia”, subraya.